Uber podría enfrentar grandes multas por sus evasivas a presentar datos de agresión sexual

Uber pasó nueve meses luchando contra las demandas de los reguladores de California de información detallada sobre acusaciones de acoso sexual y agresión hechas por sus clientes y conductores. La estrategia legal preferida de la compañía, de pedir perdón en lugar de permiso, enfrentará una nueva prueba este martes, cuando un juez de derecho administrativo escuche testimonios para decidir si recomendará fuertes sanciones por su negativa a cooperar con una investigación de la Comisión de Servicios Públicos del estado (CPUC, por sus siglas en inglés).

La audiencia, programada para la 1:30 p.m., le sigue a un fallo del 27 de julio que confirma la autoridad de la comisión de cinco personas para investigar quejas con el fin de promover la seguridad de los pasajeros, autoridad que Uber supuestamente desdeñó al no responder a sus preguntas y no enviar los datos requeridos.

La comisión podría imponer sanciones a Uber de hasta $100.000 por ofensa y multas de hasta $5.000. Podría optar por suspender o revocar el permiso de operación de Uber, o imponer una multa adicional de $7.500 por cada infracción. Y cada multa podría multiplicarse por cada día que Uber se negó a enviar información, según la portavoz de la CPUC, Terrie Prosper.

Eso podría sumar decenas de millones de dólares, dependiendo de cómo el juez y la comisión definan y sopesen cada presunta violación.

El conflicto se remonta a diciembre, cuando Uber reveló que había recibido aproximadamente 6.000 informes de agresión sexual en Estados Unidos en el transcurso de dos años. Era la primera vez que la empresa, que en sus primeros años ignoraba con frecuencia las normativas locales y aceptaba conductores en su plataforma sin un control riguroso, revelaba esos datos.

La publicación del informe, de 84 páginas, se produjo en respuesta a las críticas generalizadas de legisladores y defensores de las prácticas de seguridad de Uber. Pero en lugar de pacificarlos, invitó a más preguntas.

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El 19 de diciembre, el juez de derecho administrativo Robert M. Mason III dictaminó que Uber debe proporcionar información más detallada a la comisión, incluidos los nombres y cargos de los empleados, contratistas y consultores de Uber que redactaron el informe de seguridad de EE.UU. El fallo también requirió descripciones de cada reclamo de conducta sexual inapropiada que ocurrió en California de 2017 a 2019, así como los nombres y la información de contacto de los testigos (incluidas las víctimas) y los empleados de Uber que recibieron los informes.

Uber rechazó, presentó una moción de reconsideración y cuestionó el propósito de divulgar estos datos a la comisión. La empresa argumentó que la divulgación pública de la información de las víctimas podría ser traumática para ellas o ponerlas en peligro.

A fines de enero, Mason negó la moción de Uber, pero dictaminó que cierta información de identificación podría archivarse bajo sello para proteger mejor a víctimas y testigos.

En respuesta, Uber presentó una moción pidiendo al magistrado que suspendiera partes del fallo de diciembre, que exigía que la compañía se sometiera a un interrogatorio. Uber también pidió que se asignara un juez que no fuera Mason para supervisar el caso.

“La CPUC le está pidiendo a Uber que entregue los nombres y la información de contacto de las víctimas de agresión sexual, sin su consentimiento”, señaló la portavoz de Uber, Jodi Kawada Page, en un comunicado enviado por correo electrónico el lunes. “Esta solicitud sin precedentes, ya sea que se brinde públicamente o en secreto, viola los derechos de privacidad de los sobrevivientes que deben mantener el control de sus historias. Fuimos los primeros en la industria en publicar datos de seguridad de manera proactiva y no deberíamos ser señalados por ser transparentes y estar del lado de las víctimas”.

Uber recibió 1.243 informes de agresión o acoso sexual dentro de California, lo que representa el 21% de las quejas incluidas en el informe de seguridad estadounidense -de diciembre pasado- de la compañía, según la presentación.

Como California también está tomando medidas enérgicas contra Uber por resistirse al cumplimiento de la ley estatal de empleo, el Proyecto de Ley 5 de la Asamblea (AB 5), la empresa probablemente tratará de hacer todo lo posible para retrasar todas y cada una de las consecuencias hasta después de las elecciones de noviembre, remarcó la abogada laboral Shannon Liss-Riordan, que ha litigado contra Uber en nombre de los conductores a lo largo de los años.

Uber y su competidor de transporte compartido, Lyft, han gastado millones en financiar la propuesta 22 de la iniciativa electoral, que servirá como una especie de referéndum sobre cómo se debería permitir que las empresas de transporte privado operen en California. La AB 5, que entró en vigor el 1º de enero, estableció estándares más estrictos, por los cuales los trabajadores pueden ser tratados como contratistas independientes en lugar de empleados. La Propuesta 22 crearía una nueva categoría de trabajo para ellos, esencialmente otorgando a Uber y otras compañías de trabajos eventuales una exención de la AB 5 y una eliminación del pago de una gran cantidad de beneficios y protecciones para los trabajadores.

“Los reguladores están persiguiendo a Uber desde diferentes direcciones, por lo cual cada vez es más difícil para [la empresa] encontrar un sitio donde esconderse”, remarcó Liss-Riordan.

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