El Congreso exige que se investiguen los documentos judiciales falsos que CBP envió a solicitantes de asilo

Más de 50 miembros del Congreso pidieron una investigación sobre los informes de que funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) emitieron avisos en documentos judiciales falsos para prohibir la entrada a EE.UU a solicitantes de asilo, incluso después de que se les había concedido asilo.

Los congresistas de California Tony Cárdenas y Lou Correa, así como la congresista de Texas Verónica Escobar, enviaron una carta a la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional pidiendo una investigación “completa y exhaustiva”.

“Este tipo de comportamiento de una agencia gubernamental es aborrecible, viola el estado de derecho y es contrario a nuestros valores y a la esencia misma de lo que representamos como nación”, dice la carta.

Los miembros del Congreso quieren saber específicamente si algún líder del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) o de CBP autorizó el uso de citas judiciales falsas para enviar a los migrantes de regreso a México y solicitan que si algún funcionario es hallado culpable se le haga penalmente responsable.

La carta es sólo la última de las crecientes presiones de los legisladores sobre el controvertido programa de Protocolos de Protección al Migrante, también conocido como Permanecer en México o MPP.

Bajo el programa, los solicitantes de asilo son forzados a vivir en México mientras sus casos son juzgados en Estados Unidos.

El gobierno mexicano sólo accedió a aceptar a los retornados que tienen fechas de juicio futuras. Sin embargo, los funcionarios de CBP dieron documentos con falsas audiencias futuras en los tribunales a migrantes cuyos casos de asilo ya están aceptados y los enviaron de vuelta a México.

En noviembre, la senadora Diane Feinstein pidió una audiencia sobre la práctica de CBP de utilizar audiencias judiciales falsas para enviar a los solicitantes de asilo de regreso a México. Feinstein, quien describió esta práctica como “altamente preocupante”, pidió que el Comité del Senado sobre el Poder Judicial celebrara una audiencia antes de finales de este año.

La senadora citó específicamente el reportaje del San Diego Union-Tribune sobre el tema al convocar una audiencia. El 7 de noviembre, el periódico informó que en al menos 14 ocasiones los funcionarios del CBP escribieron fechas futuras de corte falsas en los documentos de inmigración y enviaron a los solicitantes de asilo de regreso a México después de que un juez de inmigración ya había tomado una decisión sobre sus casos.

En ese momento, los funcionarios de CBP defendieron la práctica diciendo que la fecha en la hoja no es una futura audiencia en la corte sino una fecha en la que los solicitantes de asilo pueden verificar el estado de una apelación.

De acuerdo con la explicación de la agencia, el gobierno había apelado la decisión de un juez de inmigración y, por lo tanto, el caso no había terminado y los inmigrantes todavía podían ser enviados de vuelta a México.

Sin embargo, las autoridades mexicanas subrayaron que sólo aceptan a los retornados con fechas futuras en los tribunales, no a los que tienen apelaciones abiertas. Además, los abogados de inmigración cuyos clientes habían sido devueltos a México con documentos falsos calificaron la explicación de CBP de “ridícula” y “falsa”.

Específicamente, los abogados señalaron que los propios documentos refutan la explicación de CBP porque no hacen mención alguna del proceso de apelación mientras que dicen específicamente: “En su última aparición en la corte, un juez de inmigración le ordenó regresar a la corte para otra audiencia”.

Desde entonces, han surgido informes noticiosos sobre que ocurre lo mismo a lo largo de la porción de Texas en la frontera entre Estados Unidos y México.

“En un caso, un refugiado cubano fue forzado por el DHS a regresar a México incluso después de que su solicitud de asilo en Estados Unidos fue concedida por un juez porque el DHS decidió apelar su proceso”, según la carta del congreso pidiendo una investigación.

“Estas apelaciones pueden tardar meses o incluso años en completarse”. Durante su estancia en México, los migrantes sujetos al programa “Permanecer en México” han sido robados, secuestrados, golpeados, agredidos sexualmente y asesinados.

Los investigadores de Human Rights First han documentado más de 630 casos reportados de migrantes en el programa que han sido objeto de crímenes violentos.

La coalición congresional que pide una investigación señaló que el Departamento de Estado tiene actualmente 31 avisos de viaje para México, incluyendo notificaciones de no viajar a cinco estados mexicanos debido a las condiciones de inseguridad.