Votarán en las urnas por aumento de sueldo para alcalde y consejo municipal - Los Angeles Times
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Votarán en las urnas por aumento de sueldo para alcalde y consejo municipal

A meeting of the San Diego City Council earlier this month.
(Nelvin C. Cepeda / San Diego Union-Tribune)
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San Diego Union-Tribune

Los votantes de San Diego tendrán la oportunidad este noviembre de aumentar el sueldo del consejo municipal por primera vez en 15 años, eliminar un término controvertido que limita vacíos legales y exigir más transparencia acerca de quién está haciendo negocios con la ciudad.

El Consejo Municipal aprobó recientemente colocar las tres medidas en la boleta electoral de noviembre. Cada una necesitaría la aprobación de una mayoría simple de los votantes de San Diego.

La medida de aumento salarial del consejo tiene como objetivo eliminar el conflicto de intereses y el temor a la reacción política que los miembros del consejo de San Diego enfrentan, cuando tienen que votar sobre aumentos salariales propuestos para ellos mismos.

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“No deberíamos votar acerca de nuestros propios sueldosâ€, expresó el concejal Mark Kersey de Black Mountain Ranch antes de que el consejo votara en días pasados para colocar la medida en la boleta electoral de noviembre. “Es estar en una posición incómodaâ€.

La medida aumentaría el pago anual que ahora tienen de 75 mil dólares para los concejales, 100 mil dólares para el alcalde y 185 mil dólares para el procurador municipal.

Los salarios para el alcalde y el procurador municipal aumentarían en diciembre de 2020 para igualar los salarios de los jueces de la Corte Superior, que ganan poco menos de 200 mil dólares al año.

Los miembros del Consejo Municipal aumentarían su salario 60 por ciento del salario de un juez de la Corte Superior en diciembre de 2020, o poco menos de 120 mil dólares y luego hasta el 75 por ciento del salario de un juez de la Corte Superior en diciembre de 2022, o poco menos de 150 mil dólares.

A medida que los sueldos de los jueces de la Corte Superior continúen aumentando, los sueldos de todos los funcionarios electos de San Diego continuarían igualmente incrementándose, porque su salario continuaría basándose en esos porcentajes.

Los salarios judiciales aumentan cada año fiscal conforme se da el aumento salarial promedio para los empleados estatales, el cual es negociado a través de contratos laborales.

Algunos críticos dicen que los concejales ya ganan demasiado y que deberían tener aumentos relacionados con el desempeño y los logros. Señalan que el ingreso medio de San Diego para una familia de cuatro es de 63 mil 400 dólares.

El concejal Scott Sherman de Allied Gardens dijo que los aumentos salariales son necesarios para atraer candidatos de calidad para el consejo y la alcaldía.

“¿Te imaginas tratar de mantener a un empleado si no le has dado un aumento salarial en 15 años?â€, expresó.

Además de los aumentos salariales, la medida haría otros cinco cambios que los partidarios llaman reformas de buen gobierno.

Entre ellos están:

  • Eliminar un subsidio mensual de 800 dólares para automóviles al que tienen derecho los funcionarios electos.
  • Prohibir la aceptación de pagos por discursos.
  • Prohibir que el consejo o el alcalde presionen a los funcionarios de la ciudad durante dos años después de dejar el cargo.
  • Prohibir los envíos postales financiados por la ciudad a los electores durante las campañas electorales.
  • Eliminar el uso gratuito de las cabinas de lujo controladas por la ciudad en Petco Park o el estadio San Diego County Credit Union.

El voto para colocar el asunto salarial del consejo en la boleta fue 7-1. La presidenta del Concejo, Myrtle Cole, del sudeste de San Diego, votó un no, sin explicación. El concejal Chris Cate de Mira Mesa estuvo ausente.

La segunda medida electoral eliminaría un término polémico que limita el vacío legal que permite a algunos miembros del Concejo Municipal servir por más tiempo que el máximo de dos periodos aprobados en 1992.

Un ejemplo es la concejal Lorie Zapf de Bay Ho, quien es elegible para un tercer mandato de cuatro años porque su hogar pasó del Distrito 6 al Distrito 2, poco después de que ella asumió el cargo, reiniciando el límite de tiempo para ella.

El cambio propuesto prohibiría a los miembros del concejo servir más de dos términos, incluso si cambian de distrito, debido a la redistribución de distritos que se lleva a cabo una vez cada 10 años, de acuerdo con los nuevos datos demográficos incluidos en el censo de Estados Unidos.

También se aplicaría a los miembros del concejo que se mudan por la ciudad, yendo de un hogar en un distrito a otro en otro distrito.

Además, la medida impondría un límite de por vida de dos términos para el servicio en el consejo. Las reglas existentes se aplican solo a términos consecutivos, lo que permite a los miembros del consejo dejar el cargo por un tiempo y luego reiniciar otra vez el límite del plazo.

Los miembros del consejo todavía podrían servir durante más de ocho años, pero solo si reemplazan a alguien en el consejo que le queden menos de dos años de su término.

En ese caso, las reglas permiten que un miembro del consejo cumpla el resto del mandato de su predecesor y luego potencialmente se postule por dos periodos completos de cuatro años.

El consejo votó unánimemente hace poco para colocar la medida en la boleta. La primera elección que entraría en vigencia hasta 2020.

La tercera medida electoral aumentaría la transparencia al requerir que todas las empresas e individuos susceptibles de beneficiarse financieramente de los tratos con la ciudad, sean revelados antes de que el Concejo Municipal apruebe dicho contrato.

La medida afectaría miles de millones en contratos municipales y negocios inmobiliarios, que ya no podrían seguir adelante con corporaciones de responsabilidad limitada o entidades financieras similares, a menos que se revelen los nombres y roles de todas las personas que tengan una participación significativa.

Los residentes de San Diego de hecho votaron para exigir tales divulgaciones en 1992, después de que la ciudad casi llegara a un acuerdo inmobiliario de 47 millones de dólares con un conocido mafioso sin saberlo.

Pero esas reglamentaciones nunca se han aplicado con el argumento de que esas preocupaciones son demasiado vagas en algunos aspectos y por otro lado demasiado extensas como para ser exigibles.

Los abogados de la ciudad dicen que la medida electoral incluye requisitos que serían exigibles, principalmente porque es más específica.

Requeriría que se revelen los nombres y las identidades de todas las personas con un interés financiero de al menos 10 por ciento en el contrato particular, o al menos 10 por ciento de interés en la compañía con la que la ciudad está considerando tener un contrato.

La medida de la boleta permitiría que el consejo establezca por ordenanza una cantidad que active el requisito de transparencia, permitiendo potencialmente que el alcalde evite tales divulgaciones en contratos más pequeños por motivos de conveniencia.

El consejo también aprobó otras cinco medidas para la votación de noviembre y rechazó otra propuesta.

Las medidas aprobadas son las propuestas de SoccerCity y SDSU West para el estadio de la ciudad en Mission Valley; imponer límites de mandato a los miembros de la junta escolar de San Diego; hacer más flexibles los requisitos de elegibilidad para el comité de auditoría del consejo, y cambiar las reglas de jubilación por discapacidad para los oficiales de policía.

La medida rechazada proponía la creación de una comisión municipal sobre prácticas policiales.

Dos nuevas propuestas de medidas electorales están programadas para consideración del consejo próximamente: una propuesta para aumentar impuestos a hoteles para pagar los servicios para personas sin hogar y una propuesta para autorizar capacitación en seguridad acuática en áreas verdes dedicadas.

Garrick escribe para el U-T.

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