Nuevos poderes del Sheriff plantean preocupaciones

SAN DIEGO — Una nueva ordenanza del condado que otorga autoridad al sheriff Bill Gore para restringir el acceso público y tomar otras medidas para mantener la paz durante las protestas políticas atrajo el escrutinio de defensores de los derechos civiles y otros activistas preocupados por cómo ejercerá su nuevo poder.

La Junta de Revisión de las Fuerzas del Orden Público de Ciudadanos quiere que el departamento del sheriff cree una política escrita que detalle cómo usará esta última táctica, llamada Restricciones Temporales de Área.

Otros grupos, como la American Civil Liberties Union (ACLU) y el Comité de Servicio de Amigos Americanos, quieren asegurarse de que el sheriff y sus oficiales no limiten los derechos civiles de las personas al limitar a dónde pueden ir durante manifestaciones que cuenten con permiso de realizarse.

El Departamento del Sheriff debe crear políticas y procedimientos que “brinden orientación para la separación física de los grupos opositores en eventos de protesta / manifestaciones, sin violar los derechos de la Primera Enmienda de los asistentes”, recomendó la junta de revisión este mes.

Gore también debería “proporcionar expectativas y orientación sobre la puntualidad de la respuesta y el alcance de las medidas de aplicación de la ley adoptadas durante los altercados físicos”, dijo recomendación presentada el martes 9 de enero.

La portavoz del sheriff, teniente Karen Stubkjaer, dijo que el departamento está estudiando la sugerencia pero que una respuesta formal probablemente tome tiempo. Mientras tanto, dijo, los oficiales ya siguen procedimientos diseñados para equilibrar los derechos individuales y la seguridad pública.

“Nuestra política, tal como está, ya cubre muchas de estas cosas”, dijo Stubkjaer en una entrevista telefónica. “Lo estamos evaluando ahora para ver si podemos mejorar algo. Siempre queremos mejorar nuestra capacidad para mantener a todos a salvo”.

En septiembre, cuando los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pronosticaron que Otay Mesa podría convertirse en el epicentro de una protesta nacional por el muro fronterizo, la Junta de Supervisores aprobó una ordenanza de emergencia que permite las Restricciones Temporales de Área.

La designación permite a Gore restringir el acceso a los espacios públicos y prohibir la posesión de artículos que podrían usarse como armas durante manifestaciones o protestas políticas.

La ley fue modelada después de una ordenanza adoptada en Berkeley el año pasado, cuando estallaron las protestas por los conferencistas polémicos invitados a la Universidad de California.

El lenguaje en la ley del Condado de San Diego no especifica cuánto tiempo pueden durar las restricciones o qué tipos de objetos pueden prohibirse sobre la base de que podrían usarse como armas. Las mangueras y las botellas figuraban entre los artículos prohibidos en los primeros esfuerzos del condado para hacer cumplir la ley.

Las restricciones “deberán ser ajustadas estrictamente y ser consistentes con la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución de California y la ley estatal”, establece la ley.

Pedro Ríos, del Comité de Servicio de Amigos Americanos, que defiende a los inmigrantes en los Estados Unidos, dijo que el Departamento del Sheriff debería detallar cuándo planea emplear las nuevas restricciones y cómo serán aplicadas.

“Parece ser un poder arbitrario que el sheriff tiene que tratar de reducir la forma en que las personas pueden expresar sus derechos de la Primera Enmienda a la libertad de expresión”, dijo en una entrevista telefónica. “Mi preocupación es que podría ser mal utilizado y, finalmente, no permitir que las personas ejerzan completamente sus derechos de libertad de expresión.

“Si no tienen una política, se convierte en la discreción o la interpretación de los oficiales individuales decidir qué significa esa regla”, dijo Ríos. “Y eso se vuelve problemático”.

Hasta la fecha, el departamento del sheriff ha implementado las restricciones temporales de área solo una vez, el 9 de diciembre, cuando 150 o más activistas pro y antiinmigrantes se enfrentaron en Otay Mesa cerca de donde se erigieron cuatro prototipos del muro fronterizo propuesto por el presidente Donald Trump.

A principios de este mes, en medio de los rumores de que Trump visitaría los muros fronterizos propuestos, el condado colocó señales de advertencia alertando al público de que se establecería otra restricción temporal en la misma área entre el 5 y el 10 de enero.

Los funcionarios del condado retiraron los letreros un día después, diciendo solo que habían recibido nueva información que indicaba que las protestas esperadas ya no estaban sucediendo.

David Loy, un abogado de la ACLU de los condados de San Diego e Imperial, dijo que no hay nada intrínsecamente inconstitucional en las restricciones razonables impuestas por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley como una forma de proteger al público en general.

Incluso si el alguacil crea una plantilla de cómo el departamento ejercerá las restricciones temporales, también debe asegurarse de que los oficiales sigan las reglas, dijo Loy en una entrevista telefónica.

“Siempre es una buena práctica tener políticas claras y directrices claras, pero al final del día, lo más importante es cómo se aplica esta autoridad sobre el terreno”, dijo.

Stubkjaer dijo por correo electrónico que el departamento del sheriff está tomando en serio la recomendación de la Junta de Revisión de la Aplicación de la Ley Ciudadana y que ya comenzó a revisar las estrategias en las que se basó en la protesta en la frontera el mes pasado.

Entre otras tácticas, escribió, los oficiales separarán a los grupos opositores antes de una manifestación de una manera organizada y ordenada que les permita a todos ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión.

Los oficiales y sus supervisores también seguirán recibiendo capacitación sobre tácticas alternativas, y los funcionarios del departamento están revisando las políticas generales para evaluar si se necesitan cambios adicionales, dijo Stubkjaer en un correo electrónico.

“Una vez que se haya llevado a cabo una revisión completa, nuestro gerente de la División de Servicios de Inspección elaborará una respuesta para el CLERB explicando qué medidas se tomaron o por qué no se tomaron medidas”, escribió.

Sandra Arkin, presidenta de la junta de revisión de ciudadanos y la única persona autorizada para hablar por el panel, se negó a discutir la recomendación o la respuesta del sheriff. En un comunicado, dijo que el departamento respondería por escrito y presentaría su respuesta en una reunión pública.

McDonald escribe para el U-T.