Nueva ley estatal ampliará protecciones para inmigrantes

A partir del 1 de enero en California no podrán ser arrestadas víctimas de delitos o testigos solo por haber infringido o ser sospechosas de infringir las leyes de inmigración, esto bajo una nueva ley firmada recientemente por el gobernador Jerry Brown.

La medida es una de varias autorías de legisladores estatales para asegurar que las personas que viven ilegalmente en el país, pero que cumplen con la ley, no se disuadan de reportar delitos o de servir como testigos.

La policía ya tiene prohibido detener a las personas que informan o que colaboran con las investigaciones de crímenes de odio.

La ley extenderá la protección a las víctimas y testigos de todos los delitos, a menos que la policía esté ejecutando una orden judicial.

También prohibirá que la policía entregue una víctima de delito o un testigo a las autoridades federales de inmigración sin una orden judicial.

El asambleísta Reggie Jones-Sawyer, autor de la medida, dijo que ayudará a los inmigrantes a cooperar con la policía.

El demócrata de Los Ángeles argumentó que la medida es particularmente importante a la luz de las promesas del presidente republicano Donald Trump, de combatir la inmigración ilegal y acelerar las deportaciones.

También recientemente, otro proyecto de ley de inmigración de alto nivel, el SB54, pasó un comité clave. Ese proyecto de ley, conocido como el proyecto del estado santuario, prohibiría a la policía cooperar con las autoridades federales de inmigración. Ahora se dirige a la sala de la Asamblea para su votación.

Además de la medida de protección a los inmigrantes, Brown también firmó una serie de otras leyes, entre ellas:

La AB 187 del asambleísta demócrata Todd Gloria, de San Diego, cuyo objetivo es aumentar la transparencia en las elecciones locales y ayudar a los votantes a entender quién está apoyando o se está oponiendo a la calificación de las medidas locales en la boleta, al exigir que los comités receptores presenten la información dentro de los 10 días de haber gastado 5 mil dólares o más en iniciativas locales o referéndums.

La AB 376 del asambleísta republicano Rocky Chávez, de Oceanside, que requeriría al Departamento del Trabajo y Desarrollo Laboral de California, al Departamento de Asuntos de Veteranos de California y al Departamento de Alimentos y Agricultura de California, en consulta con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la Agencia de Servicios Agrícolas de Estados Unidos y otras agencias federales según se requiera, el identificar y publicar la información especificada para ayudar a los veteranos a ingresar en carreras agrícolas o de ganadería.