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Sheriff de Houston, “esperanzado” en que Justicia bloquee ley antiinmigrante

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Ed González, alguacil del condado de Harris, cuya capital es Houston, se mostró hoy “esperanzado” en que los tribunales bloqueen una polémica ley texana que prohíbe las “ciudades santuarios” y permite a las autoridades locales cuestionar el estatus migratorio de cualquier persona detenida.

Esta legislación, que teóricamente entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, contempla penas de cárcel para los sheriffs que estén a cargo de las oficinas de los distritos que no cooperen con las autoridades federales y sanciones económicas que alcanzan los 25.000 dólares.

“Es muy posible que se consiga por lo menos demorar todo el proceso de esta ley hasta que podamos estar seguros de que no viola la Constitución de la nación”, apuntó González en una entrevista con Efe durante la 34ª Conferencia Anual de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos (NALEO), que se celebra en Dallas.

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“En mi opinión la SB4 sí está en contra de los principios constitucionales del país, pero obviamente deben de ser los tribunales quienes lo decidan”, añadió el alguacil.

Precisamente, Houston, la ciudad más grande de Texas y la cuarta del país, aprobó esta misma semana unirse a la batalla legal junto a otras ciudades y condados contra el estado sureño por esta ley, que fue ratificada hace casi dos meses por el gobernador republicano Greg Abbott.

En este sentido, González dijo apoyar la decisión tomada por el Concejo Municipal de Houston, que decidirá el próximo lunes qué acciones legales emprenderá en esta cuestión.

“Ojalá se pueda resolver en las cortes y podamos parar una ley que puede destruir a nuestra comunidad”, advirtió.

El pasado mes de abril, el jefe del Departamento de Policía de Houston (HPD), Art Acevedo, anunció que la comunidad hispana de esa ciudad estaba reportando crímenes en menor medida por miedo a la deportación.

De hecho, aseguró que en los primeros meses del año hubo una caída superior al 40 % en el número de denuncias de hispanas por violación.

El alguacil texano lamentó que la SB4 podría acrecentar esta tendencia especialmente por una de sus cláusulas más controversiales, conocida popularmente como “enséñame los papeles”.

Bajo esta medida, las autoridades locales podrán preguntar por la documentación de cualquier persona detenida, incluso en una parada de tráfico.

“Además de producir temor dentro de nuestra comunidad y reducir la confianza de nuestros vecinos en los cuerpos de seguridad, esta disposición cambiaría toda nuestra estrategia a nivel del condado”, lamentó González.

En caso de que finalmente la ley entre en vigor y algún alguacil incumpla esta norma, podría enfrentar penas de cárcel y sanciones económicas.

Para el jefe policial, esta disposición es también “incorrecta, dado que los habitantes de cada condado eligen a sus alguaciles para tomar decisiones y manejar sus departamentos en base a planes elaborados a nivel local.

“Ahora nos quieren llevar a la cárcel por ser fieles a nuestras comunidades”, concluyó.

Hasta ahora, las cuatro grandes ciudades de Texas -Austin, Dallas, Houston y San Antonio- han decidido tomar acciones legales contra el estado por esta legislación.

Además de estas grandes urbes, los condados fronterizos de El Paso y el de Maverick y el pueblo también limítrofe de El Cenizo ya han pedido a la Justicia estadounidense que bloquee esta ley, que ha sido catalogada de “inconstitucional y racista” por sus detractores.

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