Arpaio quiere que el fiscal general testifique en el juicio en su contra

Tucson (AZ) — El exalguacil del condado de Maricopa Joe Arpaio pidió que el fiscal general, Jeff Sessions, sea uno de los testigos de la defensa en el juicio en su contra, algo que activistas califican como una más de las “tácticas” políticas del controvertido político.

Los nuevos abogados de Arpaio presentaron este miércoles nuevos documentos a la corte federal en Phoenix, en los que incluyeron a Sessions en la lista de posibles testigos en el juicio criminal por desacato a las órdenes de un juez federal que podría comenzar este verano.

“Arpaio quiere convertir el juicio en su contra en un circo, Sessions no tiene nada que ver en este juicio, ni siquiera formaba parte de la administración cuando Arpaio era alguacil”, dijo hoy a Efe la activista Lydia Guzmán, uno de los principales testigos en el juicio de perfil racial en contra de Arpaio en 2012.

Indicó que en el juicio en contra de Arpaio solamente se determinará si el exalguacil desobedeció intencionalmente las ordenes de un juez federal.

“Quizás Arpaio está tratando de retrasar el juicio con la esperanza de obtener un perdón por parte de la administración Trump”, estimó Guzmán.

Al ser contactado por Efe, Arpaio rechazó explicar sobre los motivos por los que Sessions podría ser uno de los testigos en su juicio, y alegó que esta negativa se debe a las instrucciones que ha recibido de sus abogados.

Arpaio enfrenta un juicio criminal por continuar con sus operativos en contra de inmigrantes indocumentados a pesar de que un juez federal se lo prohibiera como parte de un juicio de prácticas de perfil racial en contra de conductores hispanos.

El juicio estaba programado para comenzar el próximo 25 de abril, pero fue pospuesto después de que uno de los abogados principales de la defensa de Arpaio renunciara.

En caso de ser encontrado culpable, Arpaio enfrenta una posible sentencia máxima de hasta seis meses de prisión.

Sessions visitó este martes la frontera de Arizona, donde presentó nuevas medidas que buscan criminalizar a los inmigrantes indocumentados que reingresan nuevamente al país después de una deportación, quienes ahora podrían enfrentar cargos criminales.