Senado Colorado retoma propuesta de colaboración entre policías e inmigración

Denver (CO) — Un comité del senado de Colorado comenzó hoy a debatir un proyecto de ley, similar a otro recientemente rechazado por la cámara baja, que, de aprobarse, forzaría a la policía local a cooperar con las autoridades federales de inmigración y permitiría demandar a las “ciudades santuario”.

El proyecto SB17-281, o Ley de protección de ciudadanos de Colorado contra políticas de santuario, tiene como autores a los senadores republicanos Tim Neville y Vicki Marble, y cuenta con el respaldo de los representantes estatales, también republicanos, los hispanos David Williams y Phil Covarrubias.

El pasado 22 de febrero, el Comité de Asuntos Estatales de la Cámara de Representantes local votó en contra de la HB17-1134, una propuesta similar que había sido presentada por Marble y por Williams.

Las “ciudades santuario” (o condados o estados) son jurisdicciones que no dedican ni recursos, ni personal de las fuerzas del orden para hacer cumplir las leyes federales de inmigración, a menos que la cooperación entre la policía local y las autoridades federales sea necesaria debido a actos de violencia o para prevenir esos actos.

El proyecto SB17-281 define a una “ciudad santuario” como cualquier localidad incluida por el Gobierno federal en la lista de jurisdicciones “santuarios”, incluso si a nivel local no se hubiesen aprobado ordenanzas al respecto.

La iniciativa también pide que se revoque la inmunidad, de la que ahora gozan las autoridades de los gobiernos locales, si las jurisdicciones a cargo de esas autoridades son declaradas “santuarios” y si, además, en ellas hay personas indocumentadas que han cometido crímenes.

La revocación permitiría que las víctimas (o sus familiares) de delitos cometidos por extranjeros indocumentados se amparen en la Ley de Inmunidad del gobierno de Colorado, que permite demandar a empleados públicos por incumplimiento de su deber.

Además, como lo hacía la propuesta previa, se pide que el Departamento de Seguridad Pública de Colorado compile reportes anuales de la cooperación de los distintos departamentos de policía y alguaciles del estado con agentes federales de inmigración e indica que las jurisdicciones que no cumplan verían reducidos sus fondos estatales.

En las principales “ciudades santuario”, como Los Ángeles (California), Chicago (Illinois), Filadelfia (Pensilvania) y Denver (Colorado), el principal desacuerdo con el Gobierno federal es sobre la presencia de agentes de inmigración en “lugares sensibles”, como escuelas, hospitales e iglesias, y el arresto de presuntos indocumentados en las cortes y en las cárceles.

Incluso, algunos estados, como California y Colorado, están debatiendo medidas para convertir a todo el estado en una jurisdicción santuario, es decir, para proteger a todos los residentes de lo que consideran “extralimitaciones” del Gobierno federal.

Para contrarrestar esa situación, el fiscal general, Jeff Sessions, reiteró la semana pasada que las ciudades que no colaboren con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) podrían perder fondos federales distribuidos por el Departamento de Justicia para programas de patrullaje comunitario, que este año podrían llegar a los 4100 millones de dólares.

Para evitar esa situación en Colorado, los legisladores republicanos, Neville, Marble, Williams y Covarrubias, presentaron el proyecto de ley que hoy llegó al Comité Judicial.

Como era de esperar, la Alianza de Colorado por la Reforma Inmigratoria (CAIRCO), que busca limitar todo tipo de inmigración en el estado, emitió esta mañana un comunicado respaldando la SB17-281.

“Se les debe recordar a los miembros del Comité Judicial que unas de las preocupaciones que todos los ciudadanos tenemos, tanto demócratas como republicanos, es deportar de nuestro país a los extranjeros criminales. Tanto la Administración previa como la actual se han enfocado en ese elemento”, sostiene el comunicado de CAIRCO.

Joe Sammen, director ejecutivo del Centro de Progreso en Salud, un grupo local proinmigrante, advirtió que leyes como la SB17-281 “representan un serio riesgo para la salud y la seguridad de todos en Colorado”.

A la vez, la organización local Padres y Jóvenes Unidos convocó para mañana a una reunión de “autodefensa comunitaria” para “oponerse a las políticas antiinmigratorias y de odio, mientras que la Mesa Evangélica de Inmigración comenzó hoy a repartir copias del llamado “Plan de protección familiar” entre las congregaciones afiliadas con ese grupo.