La inmigración centra los debates de la sesión legislativa de Arizona

Tucson (AZ) — La inmigración se ha convertido en uno de los temas centrales de la sesión legislativa de Arizona, donde se debaten medidas que pretenden obligar a las cárceles a mantener a los inmigrantes que sean requeridos por ICE, penas más severas a los indocumentados y amenazan a personas que se manifiesten en las calles en protestas.

Activistas y organizaciones proinmigrantes consideran que la llegada de Donald Trump a la Presidencia está fomentando que legisladores conservadores aprovechen la “oportunidad” para empujar una agenda que pretende criminalizar a las personas “sin papeles” en un estado conocido por su mano dura en contra de la inmigración indocumentada.

El legislador republicano Bob Thorpe se encuentra impulsado la propuesta HB2121, que prohibiría que los detenidos indocumentados sean dejados en libertad de las cárceles si son requeridos por ICE.

La medida, aprobada ayer por la cámara baja de la legislatura estatal, viene como respuesta a la reciente decisión del alguacil del condado Maricopa, Paul Penzone, de no retener más a indocumentados solicitados por ICE una vez sean dejados en libertad por las cortes.

La HB2121 va un pasado más delante estableciendo multas en contra de la agencia policial que no cumpla esta medida y también otorga el poder a cualquier persona “lastimada” por un inmigrante indocumentado dejado en libertad a pesar de ser solicitado por ICE, de demandar a la persona, a la agencia estatal o al oficial responsable de su liberación.

Penzone ha defendido su decisión indicando que las cortes determinan que una agencia policial no puede mantener a una persona detenida después de haber sido puesta en libertad.

Anteriormente, la Oficina del Alguacil del Condado Maricopa (MCSO) mantenía detenidos a los indocumentados hasta por 48 horas después de su liberación.

Otra dura propuesta en contra de los inmigrantes indocumentados que avanza en la legislatura estatal es la SB1279, impulsada por el senador republicano Steve Smith, la cual pide a las cortes aplicar la mayor sentencia posible en contra de una persona que cometa un crimen si se trata de un inmigrante indocumentado.

También niega a una persona “sin papeles” sentenciada por un crimen o delito en Arizona la posibilidad de solicitar fianza, libertad condicional, trabajo comunitario o participar en cualquier otro programa que le permita salir de la cárcel antes de terminar su sentencia.

“Esta propuesta busca proteger la seguridad pública”, dijo Smith en declaraciones enviadas a Efe.

Por su parte, la directora de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Alessandra Soler, dijo a Efe que se encuentran vigilando muy de cerca este tipo de propuestas y en caso de que sean aprobadas podrían presentar demandas ante las cortes.

La legislatura estatal también considera la propuesta SB1142, que permitiría al gobierno estatal “decomisar” las propiedades y presentar cargos en contra de aquellos que se manifiestan en las calles, aunque no cometan ningún delito, bajo cargos de “conspiración”.

La propuesta impulsada por el senador republicano Sonny Borrelli, y que ya fue aprobada por el pleno del senado, tiene la intención, de acuerdo a sus impulsores, de combatir la influencia de protestantes que en su opinión son “pagados” para manifestarse.

“Esta propuesta tiene el solo propósito de asustar a las personas para que no vayan a protestar, para tratar de criminalizar a aquellos que nos dedicamos a luchar en contra de ellos”, dijo a Efe Carlos García, director del grupo Puente en Arizona.

Indicó que esto ya lo vivió en su carne propia en el pasado cuando trataron de presentar cargos en su contra por manifestarse en contra de las leyes antiinmigrantes que se han aprobado en Arizona.

“Buscan quitarnos lo poco o lo mucho que tengamos, es una propuesta absurda, está creada en una mentira de que todas las personas que se oponen a su forma de pensar, están siendo pagados”, enfatizó el activista.

Grupos como Puente están muy pendientes de las propuestas que se debaten en la legislatura estatal y buscan incrementar la presión en las próximas semanas en contra de legisladores que impulsan este tipo de legislaciones.