Piden a juez terminar con práctica de retener reembolsos de inmigrantes sin documentos

Abogados del Fondo México Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF) en Nuevo México presentaron hoy sus argumentos pidiendo a un juez federal una orden preliminar para que termine con la práctica del estado de retener los reembolsos de los impuestos estatales de indocumentados que hacen sus declaraciones con un número de identificación de impuestos (ITIN).

A la demanda presentada en contra del Departamento de Impuestos de Nuevo México encabezado por la secretaria Demsia Padilla y la gobernadora Susana Martínez, se unieron hoy tres legisladores demócratas que son los senadores estatales Gerald Ortiz Pino y Richard Martínez, así como el diputado estatal Miguel P. García

“Las familias trabajadoras no deben de seguir soportando esta política injusta y arbitraria. Estamos complacidos de que la corte entendió que esta práctica solamente está siendo aplicada a extranjeros”, dijo Marisa Bono, abogada con MALDEF, en una conferencia de prensa al término de la sesión en la corte en Santa Fe.

Nuevo México inició en el 2012 la práctica de retener los reembolsos estatales tributarios de los inmigrantes indocumentados que hacen su declaración de impuestos utilizando un ITIN.

Bajo la ley federal, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) otorga estos números a los inmigrantes que no cuentan con un número de Seguro Social para que puedan hacer sus declaraciones de impuestos cada año, sin importar su estatus migratorio o si tienen derecho o no de trabajar en el país.

No obstante, al momento de que el Departamento de Impuestos en Nuevo México detecta una “discrepancia” entre el número ITIN utilizado para la declaración de impuestos y el número de Seguro Social que aparece en la forma W2 del contribuyente, el reembolso estatal es detenido.

Bono indicó que no saben con exactitud cuánto dinero ha sido “congelado” por el estado pero está convencida de que se trata de “millones de dólares”.

De acuerdo a las únicas cifras proporcionadas por el estado de Nuevo México, entre el 2012 y el 2014 se enviaron 15.000 cartas en donde solicitan a los contribuyentes documentación adicional e informan sobre la retención de sus reembolsos.

“Sabemos que hay casos donde los afectados han enviado la documentación adicional y aun así nunca recibieron su reembolso, lo que es peor, tampoco recibieron crédito por ese dinero por lo que los obligan a pagar nuevamente los impuestos, algo que consideramos como un “doble impuesto”, aseguró la abogada.

Los abogados que representan al Departamento de Impuestos de Nuevo México argumentaron hoy ante la corte que los demandantes no han seguido los pasos necesarios para presentar esta demanda, por lo que el juez federal determinó que escuchará los argumentos la próxima semana, posiblemente el lunes.

MALDEF espera tener una respuesta sobre la petición de la orden preliminar el próximo martes o miércoles.

“Este dinero no le pertenece al estado de Nuevo México, este no es un “privilegio”, es dinero que las familias se han ganado con su trabajo y que utilizan para alimentar a sus familias”, dijo en la misma conferencia, David Urias, abogado con la firma legal Hollander Goldberg Urias & Ward, P.A.

Indicó que el estado de Nuevo México en ningún momento solicitó la aprobación de la legislatura estatal para implementar esta medida.

El senador estatal demócrata Ortiz Pino, quien se unió a la demanda dijo que este es un ejemplo más de una serie de arbitrariedades que la administración de la gobernadora Martínez ha cometido.

“Vimos que estos mismos argumentos de ‘prevenir fraude’ fueron utilizados para tratar de quitar las licencias de conducir a los inmigrantes indocumentados”, argumentó el senador estatal.

En el 2015, MALDEF, presentó junto con el grupo Somos Un Pueblo Unido dos demandas en contra del Departamento de Impuestos de Nuevo México por esta práctica, no obstante luego unificaron las dos demandas en una sola que está siguiendo su curso.

A pesar de ello, el estado continuó reteniendo los reembolsos de los impuestos estatales de familias inmigrantes por lo que optaron por solicitar la orden preliminar a la corte mientras se resuelve el caso. EFEUSA