Cuando la libertad condicional se vuelve un negocio en EE.UU.
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EE.UU./AP — Cuando Steven Gibbs no pudo pagar las tarifas que le cobraba la empresa que supervisaba su libertad bajo palabra, terminó de nuevo detrás de las rejas. Cuando Gibbs —arrestado originalmente por manejar con una licencia suspendida— no pasó un control de drogas que dispuso la empresa, fue a parar a la cárcel de nuevo.
“La mitad del tiempo me da miedo salir a la calle”, declaró Gibbs, de 61 años, un exalbañil que vive en un motel barato porque la pensión por incapacidad que recibe y el sueldo de su esposa —que trabaja en un restaurante de comidas rápidas— no le permiten reunir dinero para el depósito de un departamento. “Ya no creo en nadie”, afirmó.
La compañía continuó cobrándole tarifas a Gibbs hasta la semana pasada, cuando un juez accedió a colocarlo bajo un nuevo plan, donde será supervisado por el tribunal, a fin de que pague las multas que le debe al condado.
En este pujante condado de Nashville y en más de un millar de juzgados de una decena de estados, muchos de ellos en el sur de Estados Unidos, la libertad bajo palabra de reos acusados de delitos menores es un negocio lucrativo, cada vez más polémico. Quienes tienen dinero para pagar multas evitan quedar bajo supervisión, pero los más pobres a veces terminan abrumados por las deudas y los castigos. Es una práctica que ha generado numerosos cuestionamientos y demandas.
“Lo lamentable de nuestro sistema judicial es que cuando te ves atrapado, eres como una rata que nunca puede salir de una rueda por las multas y la libertad condicional”, afirmó el sheriff local Robert Arnold.
Un juez federal emitió recientemente una orden impidiendo que un juzgado de Tennessee encarcelase a la gente solo por no pagar, citando una decisión de la Corte Suprema de 1983 según la cual los tribunales deben tomar en cuenta la indigencia de la gente. El alcalde recomendó que el condado se haga cargo de ese trabajo.
El uso lucrativo de la libertad bajo palabra ha sido descrita como una buena forma de proceder y de recaudar dinero, ahorrándole fondos a las autoridades, pero los detractores del concepto dicen que la libertad condicional financiada exclusivamente con el dinero que se les cobra a los infractores endeuda a gente que no puede pagar y la condena a ir a la cárcel por faltas tan inofensivas como una multa por una infracción de tráfico.
“No hay que penalizar la pobreza”, dice Hub Harrington, un juez de circuito de Alabama que suspendió uno de estos programas tras describirlo como una “red de extorsión avalada judicialmente”.
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