Exigen verdad en asesinato de curas jesuitas en El Salvador

EL SALVADOR / AP — Frente a las reacciones generadas por las órdenes de captura contra un grupo de militares salvadoreños señalados por la justicia española como presuntos autores intelectuales y materiales de la masacre de seis sacerdotes jesuitas, la Compañía de Jesús y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) expresaron el miércoles “que el dolor causado por el crimen no se resuelve con el olvido” y demandaron conocer toda la verdad de la matanza.

La Audiencia Nacional de España ha solicitado la extradición de 17 militares retirados por el posible involucramiento en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989, de los cuales cinco eran españoles, y sus dos empleadas. Los ex oficiales integraban en la época la cúpula castrense que, según un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, ordenó la ejecución de los religiosos en el marco del conflicto armado salvadoreño (1980-1992).

En El Salvador, el derechista partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) —que gobernaba el país cuando mataron a los jesuitas_, así como familiares, amigos y militares de alto rango ahora en retiro han advertido que las capturas de sus compañeros y la posible extradición ponen en peligro los acuerdos de paz y la estabilidad del país.

“Ante la exigencia de verdad y justicia, siempre han sonado tambores de guerra, han anunciado nuevos derramamientos de sangre, han hablado de abrir heridas, de venganza y de inestabilidad en el país”, afirmaron los jesuitas. “¿Quiénes realmente atizan la polarización y provocan inestabilidad: los que buscamos la verdad y justicia, o los que defienden la impunidad?”

La Compañía de Jesús y la UCA recuerdan que han reiterado muchas veces su disposición de perdonar a quienes planearon y ejecutaron la matanza, pero señalan que siguen pendiente que se conozca toda la verdad y se deduzcan las responsabilidad respectivas, lo cual se hace a través del sistema de justicia, para que posteriormente se pueda ofrecer el perdón.

Los jesuitas en El Salvador reconocen que la exigencia de verdad y justicia incomoda a los señalados y preocupa a sus amistades y familiares.

“Pero no deben de olvidar quiénes son las verdaderas víctimas de los crímenes del conflicto armado y quiénes provocaron tanta humillación, sufrimiento y muerte”, comentaron.

Afirman que “víctimas son Elba, su hija Celina y nuestros hermanos jesuitas. Víctimas son los niños, mujeres y ancianos del (río) Sumpul y de El Mozote”, dos masacres de campesinos perpetradas por batallones de la fuerza armada durante la guerra civil (1980-1992).

Quienes defienden a los militares, rechazan lo que califican como una intromisión de España, pero los jesuitas aseveran que “mientras la justicia salvadoreña mantenga sus puertas cerradas, no se debe impedir que el caso se ventile en las instancias de justicia internacional” y agregan que si los imputados no son culpables de lo que se les acusa, tendrán la oportunidad de demostrarlo en un juicio que ofrece las debidas garantías.

La mayoría de los militares reclamados por la justicia española no han sido sometidos a juicio en El Salvador debido a que el presidente derechista Alfredo Cristiani (1989-1994) emitió un decreto de amnistía después de que salió el informe de la Comisión de la Verdad en 1993 que señalaba a los militares como responsables de la mayoría de los crímenes.

El juez Eloy Velasco giró las órdenes internacionales de localización y captura con fines de extradición para los 17 militares salvadoreños retirados e involucrados en el asesinato.

La policía capturó el 5 de febrero al coronel Guillermo Alfredo Benavides, los sargentos Tomás Zárpate Castillo y Antonio Ramiro Avalos Vargas y al cabo Ángel Pérez Vásquez. Otros 12 militares, en su mayoría generales y coroneles, se encuentran prófugos.

De los militares requeridos, 16 se encontraban en el país, mientras que el coronel Inocente Orlando Montano guarda prisión en Estados Unidos y según decisión de la jueza federal Kimberly Swank será extraditado a España, en lo que se supone un paso importante en los esfuerzos para juzgar a los cargos militares salvadoreños por la muerte de los religiosos.

Los jesuitas españoles Segundo Montes, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López fueron ejecutados en noviembre de 1989 con disparos en la cabeza tras ser puestos de rodillas en el jardín de la casa en que vivían dentro del campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Sus dos colaboradoras, Elba y su hija Celina Ramos, también fueron asesinadas por los militares.

Un coronel, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados del batallón de élite Atlacatl fueron procesados por la matanza, pero en 1991 un jurado absolvió a la mayoría de los acusados.

El coronel Benavides y el teniente Yusshy Mendoza fueron condenados, pero fueron beneficiados en 1993 por la amnistía.