Estudiantes demandaron a los sistemas universitarios de California y exigen reembolsos por los servicios cancelados durante la pandemia

Los sistemas educativos de la Universidad de California y la Universidad Estatal de California fueron demandados este lunes por estudiantes que exigen el reembolso de algunas tarifas desde que la pandemia de COVID-19 cerró las casas de estudio y los obligó a seguir con el aprendizaje en línea.

Las demandas colectivas, presentadas en los tribunales federales de Los Ángeles y Oakland, alegan que los sistemas, que poseen más de 700.000 estudiantes, se negaron a reembolsar las fracciones no utilizadas de los honorarios por los servicios del campus que los alumnos del semestre de primavera no están utilizando en la actualidad, como la salud, las instalaciones, las cuotas de asociaciones y centros estudiantiles.

Los campus permanecen cerrados desde marzo debido al brote de COVID-19, y todos los eventos deportivos han sido cancelados.

“El efecto de los protocolos y mensajes relacionados con el COVID-19 de CSU es que todos los estudiantes se han visto obligados a abandonar el campus, a menos que realmente no tuvieran otro lugar seguro a donde ir”, expone la demanda de Los Ángeles. “Para los alumnos que permanecen allí, los servicios ahora son extremadamente limitados. Y quienes no residen en el campus no tienen razón para acudir, ya que todas las actividades han sido canceladas”.

Los pedidos de comentarios de ambos sistemas educativos para este artículo no fueron devueltos de inmediato, hasta el lunes por la noche.

Las tarifas universitarias oscilaron entre alrededor de $850 y más de $4.000 para los estudiantes de CSU del año académico 2019-2020. La tarifa de servicios básicos para alumnos de UC fue cercana a los $1.100, aunque en campus específicos llegó al doble o más, según las demandas.

“Es inapropiado para ellos intentar retener lo que equivale a muchos millones de dólares en total por tarifas que cobraron a sus estudiantes, a pesar de que pusieron un alto a los servicios cubiertos por esas sumas”, consideró Adam Levitt, uno de los abogados que presentó la demanda. “La educación universitaria ya es un gasto monumental para los alumnos y sus familias, y no ofrecerles un alivio en estos gastos, particularmente durante un momento en que millones de estadounidenses sufren financieramente, no sólo es hacer oídos sordos sino también [un comportamiento] injusto e ilegal”.

Se han presentado demandas similares contra universidades en Arizona y contra Liberty University, una entidad cristiana evangélica sin fines de lucro, ubicada en Virginia.

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