16 condados se suman a demanda contra recortes y procesamientos a jurisdicciones santuario
- Share via
Los Ángeles — Una demanda enmendada presentada este jueves por la noche agregó más jurisdicciones como demandantes, en un litigio encabezado por el condado de Santa Clara y San Francisco, que desafía los intentos de la administración de Donald Trump de procesar y recortar presupuestos para las regiones santuario.
La demanda, presentada inicialmente el 7 de febrero, involucra políticas jurisdiccionales que limitan el uso de recursos locales para ayudar a los funcionarios federales de inmigración a llevar a cabo la aplicación de las leyes de inmigración civil.
Para los activistas a favor de la inmigración, la historia se vuelve a repetir, e igual vuelven a las cortes
Estas políticas de no cooperación enfocan los recursos locales en prioridades locales, como brindar servicios a poblaciones vulnerables y llevar a cabo actividades de aplicación de la ley tradicionales para proteger la seguridad pública local. Prohíben que el gobierno federal se apropie de los recursos del gobierno local para llevar a cabo la aplicación de las leyes de inmigración civil, que es una responsabilidad federal.
Los tribunales han confirmado repetidamente el derecho constitucional de los gobiernos locales a elegir una política de no cooperación. Estas políticas no impiden que el gobierno federal use sus propios recursos para hacer cumplir las leyes federales de inmigración.
El abogado del condado de Santa Clara, Tony LoPresti, dijo que hay una variedad de gobiernos bajo la sombrilla de la demanda porque saben que las acciones de Trump los pueden dejar sin recursos.
Un grupo de senadores republicanos presentó recientemente la Ley de Ciudadanía por Nacimiento de 2025 en el Senado de Estados Unidos, con el objetivo de restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes ilegales y no inmigrantes con visas temporales.
“Se trata de gobiernos locales, grandes y pequeños, en partes muy diferentes del estado y la nación, que están tomando una postura contra el intento del gobierno federal de apropiarse inconstitucionalmente de los recursos locales para ayudar con la aplicación de la ley de inmigración”, dijo.
“Se trata de jurisdicciones que creen en el derecho de los gobiernos locales a garantizar que sus recursos limitados se utilicen para cuidar de las comunidades en lugar de destruirlas”, sostuvo LoPresti.
Desde que se presentó la demanda, la Administración Trump ha redoblado sus tácticas, emitiendo una segunda Orden Ejecutiva dirigida a las jurisdicciones al ordenar a los departamentos y agencias ejecutivas que se aseguren de que “los pagos federales a los estados y localidades no ... apoyen las llamadas políticas de ‘santuario’”. Además, el Departamento de Justicia ha presentado demandas contra estados y localidades que tienen este tipo de políticas en vigor, afirmando una interpretación ilegal y sin precedentes de la autoridad del gobierno federal sobre los recursos del gobierno local.
Afuera de una Home Depot Antonio Torres busca empleo, pero esta vez lo hace alejado de sus compañeros y en una esquina donde puede ver vehículos entrar y salir de un estacionamiento en el centro de Los Ángeles.
El abogado de la ciudad de San Francisco, David Chiu, dijo que las acciones actuales de la administración reflejan las observadas en 2017.
“Una vez más, el gobierno federal está haciendo valer ilegalmente derechos que no tiene”, dijo Chiu. “Quieren apoderarse de las fuerzas del orden locales, mientras presionan a los funcionarios locales con amenazas de desfinanciamiento o procesamiento”, dijo Chiu. “Sus acciones son ilegales y autoritarias, y creemos que nuevamente serán declaradas inconstitucionales e inaplicables”.
Durante la primera administración de Trump, el condado de Santa Clara y San Francisco demandaron al gobierno federal después de que la administración federal intentara retener fondos federales del condado basándose en sus políticas de no cooperación. En ese asunto y en casos posteriores, los tribunales federales de distrito y el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos coincidieron con las jurisdicciones en que las condiciones que la Administración Trump intentó imponer a la financiación federal eran inconstitucionales y que las políticas del condado cumplían con las leyes federales.
En el corazón del Valle de San Fernando, un grupo de madres latinas transformó una iniciativa comunitaria en un movimiento que sigue cambiando vidas.
Se unen a la demanda las ciudades de California de San José, San Diego, Oakland, Sacramento, Santa Cruz, Emeryville y el condado de Monterey; las ciudades de Minnesota de Minneapolis y St. Paul; Santa Fe, Nuevo México; y Seattle, Washington.
Además del condado de Santa Clara y la ciudad y el condado de San Francisco, la demanda inicial incluyó a la ciudad de Portland, Oregón; la ciudad de New Haven, Connecticut; y el condado de King, Washington. En conjunto, estas jurisdicciones albergan a casi 10 millones de residentes. Las ciudades de Minneapolis, New Haven, Portland, St. Paul, Santa Fe y Seattle están siendo representadas en el caso por Public Rights Project, una organización sin fines de lucro no partidista que trabaja con los gobiernos locales para proteger los derechos civiles.
El ejecutivo del condado de Santa Clara, James R. Williams, dijo que esta demanda, en esencia, trata sobre la preservación de la autonomía local.
“Nos complace que haya tantas otras jurisdicciones locales listas para unirse a nuestra lucha y solidarizarse contra una administración que tiene la intención de destruir ese tejido y pisotear los derechos de los estados, las localidades y los individuos”.
El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, dijo que retener los fondos federales a ciudades que defienden sus valores no solo es antiestadounidense, es ilegal, simple y llano.
“Minneapolis se mantendrá firme, tomará medidas y protegerá a nuestras comunidades. Las políticas de nuestra ciudad son muy claras: no es nuestro trabajo ni nuestra jurisdicción hacer cumplir las leyes federales de inmigración. Nos unimos a esta demanda junto con otras ciudades del país para detener la extralimitación federal y oponernos a la intimidación flagrante”, dijo Frey.
Luis A. Alego, supervisor del condado de Monterey, 1.º distrito, dijo que su condado valora todo lo que los trabajadores inmigrantes y sus familias aportan a las comunidades locales y a la economía.
“Seguimos asegurándonos de que nuestro condado siga siendo un lugar acogedor para ellos. Es imperativo desafiar cualquier orden ejecutiva que se extralimite e intente retener fondos federales de los condados y las ciudades”, dijo Alego.
“La Constitución protege las decisiones de los gobiernos locales sobre cómo gastar sus recursos locales y nuestra decisión de no participar en la aplicación de la ley de inmigración, que es una responsabilidad federal”, sostuvo.
Los agregados a la demanda alegaron que la pérdida de fondos federales (casi $370 millones, incluidos casi $12.5 millones para seguridad pública) tendría un impacto inmediato y devastador en programas vitales.
Jill Habig, fundadora y directora ejecutiva de Public Rights Project, sostuvo que el gobierno federal “no puede intimidar a las comunidades locales para que apliquen su peligrosa agenda de inmigración a expensas de la seguridad pública, la estabilidad económica y los derechos constitucionales”.
“Estamos orgullosos de apoyar a las ciudades y condados de todo el país para desafiar estas amenazas ilegales y garantizar que los gobiernos locales puedan seguir protegiendo a sus residentes sin temor a represalias políticas”.
Suscríbase al Kiosco Digital
Encuentre noticias sobre su comunidad, entretenimiento, eventos locales y todo lo que desea saber del mundo del deporte y de sus equipos preferidos.
Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.
