El retorno de Trump a la Casa Blanca pone en perspectiva la capacidad de respuesta que tendrá Tijuana en la medida que incrementen las deportaciones
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TIJUANA — Antes de que Donald Trump asumiera su primer mandato, sus declaraciones eran tomadas a la ligera. Ahora, ocho años después, en su regreso a la Casa Blanca cada promesa es vista con toda la seriedad del caso. Eso es lo que expresan activistas proinmigrantes ante el temor de que las deportaciones de personas mexicanas se disparen y sean enviadas a Tijuana, Baja California; entretanto, las autoridades manifiestan que están en control, sus mensajes transmiten una aparente tranquilidad en medio de la zozobra que otros pregonan.
Entre los activistas todavía resuenan esas palabras que dijo Trump en un mitin, realizado en octubre de 2024 en el Madison Square Garden en Nueva York, un mes antes de ganar las elecciones presidenciales en las que derrotó a Kamala Harris y desalojó a los demócratas de la Oficina Oval. “Lanzaré el programa de deportación más grande en la historia de Estados Unidos para sacar a los criminales”, vociferó.
El veterano activista proinmigrante, Enrique Morones, increpa a las autoridades mexicanas para que no subestimen al mandatario estadounidense, porque a su criterio esta vez Trump tiene más poder, al contar con el apoyo de todas las ramas del Estado.
“Lo que dice Trump, generalmente lo cumple”, comenta el activista que entre 1986 y 2019 fue director ejecutivo de la organización Ángeles de la Frontera, y junto a voluntarios desde 1996 empezó a llevar agua a los inmigrantes que cruzaban el desierto.
“Hay mucha confusión sobre lo que va a ocurrir, pero todos —en las organizaciones proinmigrantes— sentimos que va a pasar algo muy feo”, agregó Morones, residente en San Diego. A sus 68 años, este activista no visita más el desierto, pero sigue colaborando con diferentes organizaciones y coaliciones en ambos lados de la frontera.
Los activistas proinmigrantes han iniciado la planificación para asistir a las familias con mayor riesgo ante una eventual ola de deportaciones
En su primer mandato, entre 2017 y 2021, Trump deportó a 1.5 millones de personas, según un análisis del Migration Policy Institute. En los ocho años de Barack Obama la cifra récord de deportaciones fue de 3,094,208.
En caso de que Trump apueste a superar a Obama tendría que deportar más personas de las que fueron repatriadas en su primer mandato. En esa tarea, desde el primer día de la nueva administración, tendrá un rol clave Tom Homan, electo el 11 de noviembre anterior, como el “zar de la frontera”.
En sus pronunciamientos públicos, las autoridades mexicanas no se inquietan tanto con lo que pueda hacer el nuevo inquilino de la Casa Blanca.
“En Tijuana estamos tranquilos”, dijo Ismael Burgueño Ruiz, alcalde de Tijuana, en declaraciones a la prensa. El edil asegura que ese municipio —el más poblado de México con cerca de 2 millones de habitantes— se encuentra listo para enfrentar a la administración Trump.
El Ayuntamiento de Tijuana aprobó el 13 de enero una declaratoria de emergencia. Esta medida administrativa, respaldada de forma unánime por los 15 regidores, permitirá al gobierno municipal —en caso de ser necesario— utilizar y reorientar fondos para adquisición de insumos y crear una infraestructura que facilite la atención a las personas deportadas.
“Necesitamos esperar a ver si realmente se cumple lo que ha dicho Donald Trump”, indicó el alcalde.
Al mismo tiempo, el funcionario detalló que Protección Civil Municipal ha recomendado los albergues que cuentan con los requisitos para recibir a personas repatriadas.
También, aseguró que ya se identificó un parque industrial para albergar a personas deportadas, con la idea de que no se utilicen espacios públicos como ocurrió en 2018, cuando se designaron instalaciones deportivas para recibir la caravana de migrantes centroamericanos.
“No estamos en alerta, ni preocupados, ni alarmados, nosotros estamos de manera preventiva siguiendo las instrucciones del gobierno federal”, advirtió Burgueño Ruiz. “Nosotros estamos listos para lo que se necesite hacer como municipio”.
México comparte con Estados Unidos una frontera de casi 2 mil millas. En esa franja, donde se ubican los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, las autoridades mexicanas están planeando habilitar 25 nuevos albergues.
Los gobernadores de esas cinco entidades están coordinando esfuerzos con Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Gobernación federal, para atender a sus connacionales.
Por el momento, en la ciudad de Mexicali están autorizadas las ubicaciones de los albergues, en cambio en Tijuana continúan buscando alternativas, aseguró Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, en declaraciones a la prensa.
“Nosotros seguiremos trabajando para terminar de definir ubicaciones, hay nuevos lugares que pueden ser propicios para albergue aquí en Tijuana”, comentó Ávila Olmeda. “Todavía no tenemos las modificaciones finales, sin embargo ya estamos recibiendo insumos y proveeduría por parte del gobierno federal”, dijo la gobernadora de Baja California.
Los centros de atención al migrante existentes hacen su propio trabajo.
En la Casa del Migrante Tijuana, ubicado sobre la calle Galileo, están acomodando sus instalaciones con el fin de habilitar una área que amplíe su capacidad de atención, indicó Pat Murphy, director del albergue, en entrevista con una televisora mexicana.
En sus 37 años de existencia, en este centro han recibido a más de 270 mil personas, mayormente deportadas. Al iniciar operaciones, en abril de 1987, se convirtió en el primer albergue para migrantes en suelo mexicano. Una entidad que es vista como modelo de inserción social.
“Estamos haciendo un plan para convertir este espacio —dice señalando con sus manos la área que lo rodea— en otro dormitorio”, aseguró Murphy, sacerdote originario de Nueva York, detallando que la idea es recibir a unas 40 personas más de esas que lleguen repatriadas de Estados Unidos.
En todo el municipio de Tijuana hay alrededor de 37 albergues.
El flujo de migrantes en esta ciudad fronteriza, en los últimos seis años, se ha elevado exponencialmente debido a la llegada de miles de personas de diferentes naciones que buscan asilo en Estados Unidos.
El Instituto Nacional de Migración (INM) detalló que en octubre de 2022 habían 31,907 extranjeros en el estado de Baja California. También reportó que, entre enero y septiembre de ese mismo año, ese estado recibió 99,918 mexicanos deportados.
Por eso, según los activistas, los albergues han alcanzado su límite de capacidad.
Las autoridades mexicanas no le están dando el verdadero valor a este fenómeno social, plantea Hugo Castro, activista y fundador de la Coalición S.O.S. Migrante, organización creada en 2018 con la llegada de las primeras caravanas de centroamericanos.
En su opinión, los funcionarios han dado declaraciones meramente políticas, han elaborado mensajes que minimizan la alarma y no reparan en la crisis que se avecina.
“Los albergues están en su máxima capacidad”, señala el activista nacido en Salinas, California, hijo de padre zacatecano y madre jalisciense.
“Hay muchos mexicanos huyendo de Colima, Michoacán y Guerrero que están llegando a los albergues, esto sin contar a los deportados”, aseguró Castro, quien comenzó en el trabajo proinmigrante desde 2003 y radicado en Tijuana desde 2010.
En el último semestre de 2024, según la oficina municipal de atención al migrante de Tijuana, en promedio ingresaron entre 3,500 y 4,000 deportados mexicanos mensualmente. Eso significa que diariamente retornaron 116 personas.
Una expulsión mayor de migrantes gestaría una crisis humanitaria de enormes proporciones, sostienen expertos.
“Nunca está preparada una ciudad totalmente”, valora Vicente Sánchez Munguía, politólogo mexicano quien durante 40 años fue investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef) en Tijuana, apuntando que tanto los albergues oficiales como los de las diferentes organizaciones no lucrativas tienen muchas carencias.
Los arrestos de personas inocentes junto a criminales, bajo el régimen de excepción en El Salvador, ha provocado un torrente de críticas de los defensores de derechos humanos
Para evitar una crisis social, asegura el especialista, las autoridades tendrán que responder con recursos extraordinarios y con un plan integral, porque el incremento de deportados, el desplazamiento de mexicanos del interior de la república y la llegada de migrantes de otros países limitará las oportunidades de inserción social.
“Los deportados no se irán a su lugar de origen, porque tienen familias en Estados Unidos, se quedan en la frontera esperando una oportunidad de reunificación; otros no tienen vínculo con México y no tienen familia aquí”, analizó Sánchez Munguía, doctor en Estudios de América Latina Contemporánea.
Esas personas deportadas en la primera oportunidad que encuentran intentan regresar de forma indocumentada.
Las autoridades mexicanas reportaron que entre el 1 de diciembre de 2024 y el 17 de enero de 2025 han sido deportadas 4 mil personas por la frontera de Tijuana. Es decir un promedio de 83 personas diariamente. La mayoría de ellas permanecen poco tiempo en los albergues porque procuran retornar de manera irregular a Estados Unidos.
El Senado dio un paso decisivo este viernes al avanzar con la Ley Laken Riley, marcando un triunfo clave para los republicanos sobre su punto de vista contra los inmigrantes sin documentos legales en Estados Unidos.
Los funcionarios federales de inmigración se centrarán en más de 300 personas con antecedentes de delitos graves y violentos después de que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo el lunes, dijo un funcionario, lo que supone el primer intento de su gobierno hacia el cumplimiento de su promesa de deportaciones a gran escala.
El presidente electo de Estados Unidos Donald Trump dijo el sábado que “muy probablemente” dará a TikTok 90 días más para negociar un acuerdo que permitiría a la popular plataforma de videos evitar una prohibición en el país.
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