Luchó contra los desalojos por remodelación durante años. Ahora es ella la que está siendo desalojada
Según la ley estatal, los propietarios pueden desalojar a los inquilinos si están planeando una “remodelación sustancial” de una unidad. María López, defensora de la vivienda en Long Beach, lo vio como un vacío legal en la ley de protección de inquilinos.
Como activista en materia de vivienda, María López pasó años trabajando para cerrar lo que ella consideraba una laguna importante, aunque poco conocida, en la ley de desalojos.
En colaboración con el Sindicato de Inquilinos de Long Beach, López organizó a docenas de inquilinos que enfrentan desalojos por “remodelaciones sustanciales” en su ciudad natal, hablando en reuniones del Concejo Municipal y liderando protestas para llamar la atención sobre la norma, que permite a los propietarios desalojar a los inquilinos si planean renovaciones significativas en sus propiedades.
Desde la perspectiva de López, las normas permitían a los propietarios que buscaban aumentar los alquileres desalojar a los inquilinos por mejoras o remodelaciones menores que nunca se realizaron una vez que el inquilino se fue. Su trabajo ayudó a presionar a Long Beach para que impusiera regulaciones sobre tales desalojos e influyó en un cambio reciente en la ley estatal destinado a endurecer las restricciones sobre ellos.
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Luego, a fines del año pasado, poco después de que un nuevo propietario comprara el dúplex en el que López ha vivido desde que tenía 6 años, recibió una notificación de desalojo. ¿El motivo? Una remodelación sustancial.
“Se me hundió el corazón”, dijo López, de 32 años, sobre el momento en que recibió la notificación.
Los defensores de los inquilinos han expresado su preocupación por los desalojos por remodelaciones importantes desde que se aprobó la Ley de Protección de Inquilinos de 2019 en California para limitar los aumentos de alquiler y ofrecer a los inquilinos algunas protecciones contra el desalojo sin causa. Según esa ley, una razón permisible para el desalojo es si un propietario está planeando una “remodelación sustancial” de una unidad.
“Los defensores de los derechos de los inquilinos nos contaban historias como: ‘Tenemos un montón de inquilinos que recibieron avisos de remodelación sustancial y nos enteramos de que nunca se hizo ningún trabajo o que se trataba de algo como gabinetes nuevos en la cocina’. Y no hubo ningún recurso para esos inquilinos”, dijo Lorraine López, abogada principal del Western Center on Law & Poverty.
María López comenzó a involucrarse en la lucha contra los desalojos por remodelaciones importantes cuando empezó a escuchar sobre una serie de desalojos poco después de que se aprobara la ley de 2019. Se reunió con inquilinos de complejos de apartamentos en Long Beach que habían recibido notificaciones de desalojo y comenzó a trabajar con ellos para tratar de detener los desalojos.
La cuestión cobró urgencia durante la pandemia, cuando los defensores dijeron que parecía que algunos propietarios estaban usando las reglas para eludir las moratorias de desalojo.
En una reunión del Concejo Municipal de Long Beach en 2021, López suplicó a los funcionarios que ajustaran la ley.
“Muchos inquilinos están siendo expulsados por pequeñas reparaciones cosméticas, como el reemplazo de gabinetes o azulejos, no por remodelaciones sustanciales”, dijo López , según el Signal Tribune. “Por favor, les ruego, les imploro, mantengan a nuestras familias alojadas”.
Ese año, en respuesta a los defensores, la ciudad prohibió temporalmente los desalojos por remodelaciones importantes. Más tarde, tomó medidas para comenzar a hacer un seguimiento de los desalojos por remodelaciones, aumentar la asistencia para la reubicación de los inquilinos desplazados y permitir sanciones para los propietarios que violen la ley. Este año, el estado también endureció las normas, incluida la aclaración de que los inquilinos no pueden ser desalojados por reparaciones cosméticas menores.
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López estaba orgulloso del logro, pero consideró que los desalojos por remodelación deberían haberse prohibido por completo.
En agosto pasado, se enteró de que el Dr. Femi Akinnagbe, médico de familia, había comprado la propiedad en la que ha vivido durante casi tres décadas.
López se mudó de niña con su familia y se quedó después de que su madre, su padre y sus hermanos se fueran. En el centro de Long Beach, pagaba 675 dólares al mes hasta que los nuevos propietarios aumentaron la tarifa a 734 dólares poco después de comprar la propiedad. La unidad de un dormitorio está adornada con carteles y recuerdos de su trabajo como defensora de la vivienda: hay una pintura que hizo un artista local de ella, sosteniendo una pequeña casa en sus manos, un cartel que dice “Acabemos con las lagunas legales en materia de desalojos ahora” y numerosos libros sobre vivienda y desalojos.
Akinnagbe y su esposa, Laura, dijeron a The Times que se consideran los administradores de las antiguas casas de estilo artesanal de la propiedad, que tienen más de 100 años. Viven con sus hijos en la casa del frente y quieren remodelar el dúplex de atrás para alquilarlo como vivienda subsidiada.
“Conocemos personalmente la inestabilidad de la vivienda y no queremos contribuir al problema de la inestabilidad de la vivienda en Long Beach”, dijo Femi Akinnagbe al consejo a principios de este año. “Es por eso que estamos renovando nuestra casa para crear viviendas de la Sección 8 para las personas más necesitadas y vulnerables de nuestra comunidad”.
Dijo que compró la propiedad en muy mal estado y que necesita ser reparada. López está de acuerdo en que hay reparaciones que deben hacerse, pero no cree que deban desalojarla para que se realicen.
Akinnagbe dijo que, al principio, le dijo a López que esperaba aumentar su alquiler a un “objetivo de precio de mercado” de 2.500 dólares, lo que, según él, facilitaría algunas de las renovaciones. Le pidió que solicitara subsidios y subvenciones para el alquiler para ayudar a cubrir el costo, lo que, según él, habría sido un “beneficio para todos”. López no estuvo de acuerdo con el aumento, que habría sido significativamente superior a los límites estatales. A partir de agosto de 2023, el aumento máximo anual permitido del alquiler según la ley estatal estaba limitado al 8,8%. Finalmente, Akinnagbe aumentó su alquiler en esa cantidad.
Aproximadamente dos meses después de comprar la propiedad, Akinnagbe le entregó a López un aviso de 60 días para desalojar, diciendo que tenía la intención de remodelar sustancialmente la unidad.
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Una descripción del trabajo incluida con el aviso decía que el plan era una remodelación interior de la casa para “quitar y reemplazar la ducha, el tocador, los inodoros, los lavabos, las encimeras, los gabinetes, el triturador de basura, los artefactos eléctricos, los enchufes, los pisos, la pintura, los paneles de yeso y renovar el techo”.
“No se realizarán obras estructurales”, añadió el aviso.
López se acercó a la ciudad para preguntar si el trabajo era suficiente para constituir una remodelación sustancial.
Según las normas estatales y municipales, una remodelación sustancial “significa el reemplazo o modificación sustancial de cualquier sistema estructural, eléctrico, de plomería o mecánico que requiera un permiso de una agencia gubernamental, o la eliminación de materiales peligrosos, incluyendo pintura a base de plomo, moho o asbesto, de acuerdo con las leyes federales, estatales y locales aplicables, que no se puede lograr razonablemente de manera segura con el inquilino en el lugar y que requiere que el inquilino desocupe la propiedad residencial real durante al menos 30 días”.
El trabajo propuesto probablemente no cumplió con el estándar, dijeron los funcionarios de la ciudad.
“Con base en los hechos tal como nos los presentó y en la experiencia de nuestros expertos en construcción y seguridad, la opinión no vinculante de la ciudad es que su proyecto propuesto no constituye una remodelación sustancial”, escribieron los funcionarios de la ciudad en una carta a Akinnagbe.
Luego, a principios de este año, el propietario le notificó a López otra notificación. Esta incluía más detalles sobre el trabajo, ya que incluiría una remodelación completa de la cocina y el baño, la eliminación total o parcial de las paredes interiores, la creación de una nueva entrada y la eliminación de asbesto y plomo.
Esta vez, la ciudad dijo que “no podía confirmar ni negar si el alcance del trabajo cumple con el umbral”.
Los Akinnagbe dicen que no cambiaron mucho los planes iniciales, pero que simplemente no entendieron el nivel de detalle que debían proporcionar para demostrar que el trabajo era realmente una remodelación sustancial.
“Entramos en este asunto con ella conociendo la ley y sabiendo cómo desenvolverse en ella mucho mejor que nosotros”, dijo Femi Akinnagbe.
Ambas partes dicen que la disputa les ha hecho sentirse inseguros en la propiedad.
En mayo, López estuvo nuevamente frente al consejo, esta vez abogando por sí misma y pidiéndoles que pusieran fin de inmediato a la remodelación sustancial.
También está luchando contra el desalojo en los tribunales basándose en tecnicismos, pero no está segura de sus posibilidades a largo plazo mientras se permitan los desalojos por remodelación.
“Desafortunadamente, hasta que se cambie la ley, el propietario tiene el derecho legal de desalojar a María”, dijo su abogado, Stephano Medina, del bufete de abogados sin fines de lucro Public Counsel.
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