Familia de hombre baleado fatalmente por agentes del condado de San Bernardino presenta reclamo de $20 millones
Una demanda por homicidio culposo de $20 millones contra el Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino alega que los agentes mataron a Tony Garza mientras estaba en medio de una crisis de salud mental
Tony Garza fue una vez un luchador estrella de la escuela secundaria en Yucca Valley, pero más tarde en la vida, dijo su familia, no sabía cómo lidiar con sus problemas de salud mental.
Garza sufría de paranoia, según sus familiares, y el 5 de febrero de 2021 intentaron ayudar a Garza, llamando a los agentes del alguacil del condado de San Bernardino para que le hicieran un chequeo. Garza terminó siguiendo a los agentes en su camioneta, buscando sus placas, según el abogado de su familia.
Los agentes arrestaron a Garza bajo sospecha de asalto con un arma mortal después de que supuestamente condujo hacia ellos.
Dos años después de la inspección, Garza fue abatido por agentes del sheriff del condado de San Bernardino durante una persecución que comenzó en Yucca Valley y terminó en Palm Springs.
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La familia de Garza presentó una demanda por homicidio culposo de $20 millones contra el Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino, alegando que los agentes le dispararon una docena de veces al hombre de 44 años mientras estaba en medio de una crisis de salud mental.
“Estos oficiales mataron a tiros al señor Garza mientras huía por el desierto”, dijo el jueves en una conferencia de prensa Brian Olney, uno de los abogados que representan a la familia de Garza. Agregó que a Garza le fallaron no solo los agentes que le dispararon fatalmente, sino también los tribunales y un sistema de salud mental quebrado que repetidamente no pudo brindarle a Garza la ayuda que necesitaba.
Garza estaba quemando artículos personales en su propiedad en Yucca Valley el 5 de febrero, cuando los agentes respondieron al incendio de un tráiler, según los abogados de su familia. Cuando llegaron los agentes e intentaron establecer contacto, Garza huyó en su vehículo, dijo el Departamento del Sheriff.
arza condujo a los agentes en una persecución de 35 minutos desde la autopista 62 hasta la interestatal 10, saltando de su camión y huyendo a pie, cerca del Whitewater Cutoff, según el vídeo de los testigos. El vídeo muestra a cuatro agentes persiguiendo a Garza a lo largo de la I-10 en Palm Springs, con Garza enfrentándose a los agentes varias veces mientras sujetaba un objeto con las manos.
Garza emprendió de nuevo la huida antes de caer al suelo mientras los ayudantes del sheriff disparaban contra él, según el vídeo.
Los abogados de Garza también presentaron demandas por homicidio culposo contra el Departamento del Sheriff del condado de Riverside y la Patrulla de Caminos de California, quienes respondieron a la persecución, alegando que no lograron calmar la situación e ignoraron su entrenamiento cuando Garza fue asesinado al lado de la autopista.
Los funcionarios del alguacil del condado de San Bernardino se negaron a comentar, citando un litigio abierto. El Departamento del Sheriff del Condado de Riverside está investigando el tiroteo desde que ocurrió en su condado.
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Un informe de autopsia independiente mostró que Garza recibió una docena de disparos, dijo Olney. La autopsia mostró que Garza recibió dos disparos en la espalda, y al menos dos cuando ya estaba en el suelo.
“El asesinato de Tony Garza fue un acto atroz y cobarde”, dijo Olney. “Lo hicieron todo mal”.
Los familiares dijeron que la muerte de Garza los ha dejado destrozados y buscando respuestas.
“Estoy desconsolada, devastada y ahora me falta un pedazo de mi corazón”, dijo Matilde Garza, quien perdió a su hijo.
El incidente mortal siguió a lo que la familia dijo que fue una lucha continua y fallida para obtener ayuda de Garza para su enfermedad de salud mental.
El incidente mortal se produjo después de lo que, según la familia, fue una lucha continua y fallida por conseguir que Garza recibiera ayuda para su enfermedad mental.
“Su salud mental siguió empeorando y se volvió más paranoico y temeroso”, dijo su hermana, Silvia Garza-Littman.
Garza no se dio cuenta de que estaba luchando y varios de los programas se negaron a ofrecer asistencia porque él mismo no buscó ayuda, dijo.
El 5 de febrero de 2021, unos familiares llamaron a los agentes para que comprobaran el estado de Garza. Fue arrestado ese día bajo sospecha de asalto con un arma mortal después de que supuestamente condujo hacia los agentes, dijo Olney.
Garza fue liberado, dijo Olney, y se descubrió que no era mentalmente competente para ser juzgado. Un juez ordenó que lo retuvieran en la cárcel del condado durante una semana hasta que pudiera ingresar en un centro de salud mental.
Pero lo que se suponía que iba a ser una semana se convirtió en cinco meses, con Garza detenido en la población carcelaria general del condado, dijo Olney. Los familiares continuaron preguntando si se había abierto espacio en un centro de salud mental, y el juez de su caso celebró audiencias de seguimiento para preguntar cuándo podría ser trasladado.
Más tarde, los familiares se enteraron de que el nombre de Garza no había sido incluido en la lista de espera de 800 personas. En cambio, permaneció en la cárcel del condado sin acceso a ayuda mental.
Olney dijo que la experiencia fue traumatizante para Garza.
“Imagine cómo reaccionaría un individuo sano y él estaba mentalmente enfermo”, dijo.
Garza fue liberado el 24 de enero, 12 días antes de que los agentes le dispararan, y le dijeron que necesitaba encontrar ayuda de salud mental dentro de las 48 horas. Cuando Garza se registró en las oficinas ordenadas por la corte, le dijeron que había una lista de espera de seis meses.
“Nadie intervendría para ayudar a nuestro hermano”, dijo Garza-Littman. “En lugar de ayudar, solo empeoraron las cosas”.
La familia pide cambios en el sistema de salud mental. Los familiares han alquilado vallas publicitarias cerca de la casa de Garza y el sitio donde le dispararon. Las vallas publicitarias tienen la imagen de Garza y dicen: “Mi único delito fue una enfermedad mental y el sistema me mató”.
Los abogados se comunicaron con el Departamento de Justicia de los EE. UU. y la oficina del fiscal general de California para investigar el tiroteo, diciendo que recibieron poca o ninguna información de las fuerzas del orden locales sobre lo sucedido.
“Nuestro sistema actual está roto de arriba hacia abajo”, dijo Garza-Littman. “Queremos que se limpie su nombre”.
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