¿El programa de derechos de emisión de California daña más al medio ambiente de lo que lo ayuda?

Los problemas respiratorios comenzaron cuando Ulises Flores tenía 13 años.

El aire no pasaba bien por su nariz y sufría frecuentes dolores de cabeza. Un médico dijo que sus fosas nasales y senos paranasales estaban hinchados, probablemente debido a la contaminación del aire en su casa en Wilmington, que bordea la cerca de la refinería de petróleo Phillips 66.

Al crecer, Flores se dio cuenta de que no estaba solo: a los vecinos de su comunidad, latina en un 87%, se les diagnosticaba asma, a otros cáncer. A muchos niños les sangraba la nariz y el aire transportaba olores extraños.

“Lo más básico en esta vida es el aire limpio, ni siquiera tenemos eso”, aseguró Flores, de 23 años, mientras observaba las columnas de vapor que se elevaban desde las torres de la refinería.

Desde que comenzó a experimentar problemas respiratorios, el estado de California ha dependido de un complicado sistema de mercado de créditos por contaminación para ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento del clima. El programa, llamado cap and trade (o de derechos de emisión), fue el primero de su tipo en EE.UU. cuando se lanzó, en 2013, y estableció el ambicioso objetivo de reducir los niveles de emisiones de principios de siglo en un 40% para 2030.

Pero a pesar de su objetivo de reducir los gases que contribuyen al aumento del nivel del mar, el calor extremo y los incendios forestales sin precedentes, los defensores de la justicia ambiental criticaron rápidamente al programa por no mejorar las vidas de las personas de color de bajos ingresos que residen junto a las principales instalaciones contaminantes.

Ahora, después de años de tales críticas, los funcionarios del gobierno están reevaluando el programa. Además de las preocupaciones por la justicia ambiental, los analistas advirtieron que el límite sobre cuánto pueden contaminar las empresas “probablemente no tenga mucho efecto, si es que tiene alguno, en las emisiones generales en los primeros años del programa”.

Una vista aérea de las casas en Wilmington que están al lado de las refinerías.

(Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

La oficina del gobernador Gavin Newsom y los funcionarios estatales están preparando una evaluación de los diversos programas de cambio climático de California. Se espera que los resultados de ese plan se den a conocer a fines de 2022. Los funcionarios señalaron que los cambios en el programa de límites máximos y comercio, y cuánto depende el estado de él, están sobre la mesa.

“El plan puede mostrar que, como proporción de las reducciones totales, el programa de derechos de emisión no necesita desempeñar un papel tan importante en nuestra caja de herramientas en el futuro”, destacó Jared Blumenthal, secretario de la Agencia de Protección Ambiental del estado, durante una audiencia en el Senado estatal, el mes pasado.

Tal como opera ahora, el programa establece un límite sobre cuánto pueden contaminar las empresas y les da la opción de comprar o intercambiar créditos. Si una empresa quiere emitir más gases de efecto invernadero de los que se le asignan, debe comprar créditos de asignación del estado durante una subasta. Las ganancias de éstas, que el año pasado generaron más de $2 mil millones, se destinan a otros proyectos climáticos.

La revisión del estado sigue a las críticas de que los límites máximos y el comercio incluyen un programa de compensación defectuoso y un exceso de asignaciones que, según los críticos, son demasiado baratas. Eso permite a las empresas esencialmente comprar su salida de la reducción de emisiones, alegan.

“Literalmente han ahorrado más asignaciones que los recortes que se espera que hagan”, explicó Danny Cullenward, abogado y economista de energía que ayudó a redactar un informe del comité sobre el programa. “Entonces, el peor de los casos es que [las compañías contaminantes] no tienen que cambiar mucho; de hecho, es posible que no tengan que cambiar nada en absoluto”.

Cada crédito de asignación permite a las empresas emitir una tonelada métrica de dióxido de carbono, uno de los principales gases de efecto invernadero. Eso es aproximadamente el mismo nivel de contaminación emitido por un automóvil que conduce 2500 millas, aproximadamente la distancia entre Los Ángeles y Orlando, Florida.

Sin embargo, el informe encontró que estas empresas han comprado y ahorrado 321 millones de estos derechos que les permiten contaminar, lo cual podría dificultar que el estado obligue a estas firmas a reducir sus emisiones para cumplir con las metas del estado para 2030.

Aunque Cullenward calificó la cantidad de asignaciones ahorradas como una “gran señal de advertencia”, la Junta de Recursos del Aire de California y la administración de Newsom afirman que necesitan tiempo para recopilar más datos antes de decidir si vale la pena abordar el problema de las asignaciones. Es posible que los ajustes al programa no lleguen hasta 2024, anticipan.

Para los defensores de la justicia ambiental, quienes pagan el precio más inmediato por las deficiencias del programa son quienes viven cerca de los principales emisores.

Un estudio reciente publicado por la Universidad del Sur de California encontró que, si bien el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero en el estado disminuyó desde que entró en vigencia el programa de límites máximos y comercio, las comunidades negras y latinas y otras de color aún están más expuestas a la contaminación de instalaciones como las refinerías de petróleo, en comparación con las comunidades blancas. Un estudio separado realizado por la Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental (OEHHA, por sus siglas en inglés) del estado llegó a conclusiones similares.

El estudio de la USC también halló que las comunidades cuyos residentes son predominantemente personas de color y están por debajo de los niveles federales de pobreza y menos educados tienen menos probabilidades de ver mejoras en el nivel de emisiones de instalaciones como las refinerías de petróleo. Tales instalaciones liberan co-contaminantes, como el óxido de nitrógeno, que puede causar infecciones respiratorias y asma.

Algunas de esas comunidades incluso notaron un empeoramiento del nivel de emisiones desde el inicio del programa de derechos de emisión. Las comunidades de refinerías más blancas y ricas, por otro lado, percibieron mayores mejoras.

“No hace mucha diferencia dónde se reducen los gases de efecto invernadero; tienden a tener un impacto global que mejora la situación de muchas personas”, indicó Manuel Pastor, profesor de sociología en la USC y autor principal del reciente estudio. “Pero hace una gran diferencia con los co-contaminantes que lo acompañan: las partículas. Por esas razones, es importante que este estudio y el estudio de la OEHHA muestren que la distribución de estas instalaciones está más estrechamente asociada con la raza”.

Para los residentes que viven junto a las refinerías, los programas complejos como el de derechos de emisión se reducen a una sola preocupación: ¿cuándo y cómo mejorará la calidad de nuestras vidas?

Michelle Muñoz, de 27 años, y su madre, María Muñoz, se pararon en el porche delantero de la casa familiar en Wilmington, donde vive Michelle Muñoz con sus hijos, hermanos y padres. Ambas vigilaban a los dos hijos pequeños de Michelle, que corrían por el patio delantero y se colgaban de la puerta de metal del patio como un juego de gimnasia, mientras dejaban escapar gritos y risas.

A través del dosel de árboles frutales y palmeras reina, el par observó la refinería Phillips 66, sus imponentes columnas de acero liberaban nubes de vapor.

A sus dos hijos, un niño de siete años y una niña de tres, les diagnosticaron asma cuando eran bebés, comentó Michelle. Su hermano menor, que también vive allí, sufre frecuentes hemorragias nasales desde que son niños.

El estado y los críticos más duros de cap and trade coinciden en que se necesita hacer más para reducir la brecha entre comunidades como Wilmington y aquellas con aire más limpio. “Es una oportunidad perdida que los beneficios colaterales de las reducciones de gases de efecto invernadero no ocurran en aquellas comunidades que albergan instalaciones reguladas por derechos de emisión”, afirmó Rachel Morello-Frosch, profesora de UC Berkeley y autora del estudio de la USC.

Morello-Frosch se encuentra entre quienes sugieren la necesidad de un enfoque más específico, que regule las instalaciones de manera más directa. Ello podría incluir la creación de zonas de exclusión comercial o incentivos de precios para las instalaciones que no están reduciendo las emisiones lo suficientemente rápido.

Residentes como Flores y Muñoz están de acuerdo con la idea de una mayor regulación de las emisiones en su refinería vecina de Phillips, pero la opción ideal sería cerrarla por completo, lo cual reconocen como poco probable, dada la cantidad de ganancias generadas por la compañía, que produce 139.000 galones de petróleo al día.

“Sería un sueño que cerraran”, reconoció María Muñoz.

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