La mayoría de los oficiales del LAPD que violan las políticas de uso de la fuerza letal no reciben sanciones severas
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La mayoría de los agentes de policía de Los Ángeles que abrieron fuego contra personas por error en los últimos años evitaron castigos graves o no recibieron ninguna medida disciplinaria por sus errores, a veces mortales, según un informe del inspector general del LAPD.
De los 66 oficiales que, según la junta de supervisión civil del departamento, violaron las reglas del LAPD sobre el uso de la fuerza letal entre 2015 y 2020, 27 de ellos -o alrededor del 41%- no fueron sancionados, conforme una revisión realizada por Mark Smith, el controlador independiente del LAPD. Trece oficiales adicionales recibieron solo reprimendas, que equivalen a anotaciones del mal proceder en sus legajos laborales.
Entre los oficiales que fueron sancionados, uno fue despedido y otros 20 recibieron suspensiones sin goce de sueldo, que fueron desde dos días hasta 55 días. El dictamen disciplinario para tres de los oficiales están pendientes.
Mayormente, la decisión de no sancionar a los oficiales fue tomada por el jefe de policía de Los Ángeles, Michel Moore, o su predecesor, el jefe Charlie Beck, quien decidió que 29 de los 66 oficiales revisados en el informe solo necesitaban una capacitación adicional pero no un castigo. Civiles presentaron denuncias contra muchos de estos oficiales, pero casi todas terminaron sin ningún castigo.
Los hallazgos también confirmaron las preocupaciones expresadas por el alcalde Eric Garcetti, en enero pasado, sobre el complicado sistema del departamento para disciplinar a los oficiales, que, según dijo, a menudo resulta en la dilución o eliminación total de penas severas respaldadas por la policía y los funcionarios electos.
Por ejemplo, el informe encontró que seis oficiales, que la policía concluyó debían ser despedidos, fueron finalmente suspendidos por los paneles disciplinarios que tienen la última palabra en casos de malas conductas graves.
Garcetti ordenó el informe durante una conferencia de prensa, en enero último, sobre crimen y vigilancia, diciendo que proporcionaría “una comprensión más clara” de si el sistema disciplinario del LAPD es “justo” o necesita ser reformado. Citó en ese momento otro documento del inspector general, dado a conocer en mayo pasado, que encontró que los paneles de disciplina compuestos en su totalidad por civiles eran más indulgentes que los formados por dos oficiales del LAPD y un civil.
Harrison Wollman, un vocero de Garcetti, señaló el viernes que el último reporte del inspector general dejó en claro que “queda mucho trabajo por hacer” para reformar el proceso. “El alcalde revisará estos hallazgos de cerca y se compromete a participar en una discusión sólida sobre cómo aprender a partir de esta información, después de que la Comisión de Policía analice el informe, la próxima semana”, remarcó.
El inspector general del LAPD, Smith, y el presidente de la comisión, William Briggs, se negaron a comentar sobre el informe, alegando el plan de la comisión para discutirlo en una reunión pública, este próximo martes.
Moore se negó a comentar sobre el informe a través de un portavoz, pero dijo anteriormente que se le debería otorgar la autoridad para despedir a los oficiales directamente porque las comisiones de disciplina, llamadas ‘de derechos’, son demasiado indulgentes.
En un comunicado emitido el viernes, la junta directiva del sindicato de policía de Los Ángeles expresó que la Comisión de Policía “toma bastantes malas decisiones”, y no sorprende que los paneles de disciplina independientes a veces lleguen a conclusiones diferentes a las de la comisión en casos de tiroteos. “A los oficiales del LAPD se los hace responsables mediante uno de los procesos de revisión más rigurosos, transparentes y extensos de la nación”, destacó el sindicato. “Dar a entender lo contrario sería falso”.
El nuevo documento encontró que 66 oficiales violaron la política de fuerza letal del departamento en 45 incidentes. En ellos, 20 personas murieron y 12 resultaron heridas. De 301 disparos durante esos hechos, 228 fueron descartados por la Comisión de Policía, según el informe.
En un caso de 2017, el equipo SWAT del LAPD rodeó a un presunto ladrón en una casa y finalmente lo mató con una andanada de balas, algunas de las cuales fueron disparadas desde un helicóptero. Los investigadores determinaron más tarde que algunas de las que mataron a Anthony Soderberg, de 29 años, fueron disparadas después de que él salió de la casa, rodó por el borde de un patio y cayó a un barranco.
La Comisión de Policía dictaminó que 12 oficiales violaron las políticas de fuerza letal en el episodio. Más tarde, un miembro del equipo SWAT, el sargento Tim Colomey, citó el incidente como un ejemplo de una “cultura de violencia” inculcada en la unidad por un grupo cuyos miembros se autodenominaban la “mafia SWAT” y glorificaban el uso de la fuerza letal.
Sin embargo, ninguno de los 12 oficiales fue sancionado, según el informe del inspector general. Cada uno optó por apelar sus casos directamente a los paneles de disciplina, que los encontraron a todos “no culpables” de irregularidades.
En otras situaciones, los paneles de disciplina redujeron las penas impuestas por el jefe de policía; recortaron una suspensión de 10 días a cinco para un oficial y redujeron una suspensión de cinco días a solo una reprimenda para otro. Estas medidas disciplinarias no implican una suspensión, pero permanecen en el registro de un oficial y pueden aumentar la probabilidad de un castigo más serio en caso de otra infracción.
El único oficial que fue despedido por violar la política de fuerza letal del departamento durante el período de revisión de seis años fue Salvador Sánchez, según el informe y otros registros policiales. Sánchez estaba fuera de servicio y haciendo fila para probar unas salchichas en un Costco de Corona, en 2019, cuando se enfrentó a un enfermo mental y abrió fuego. El hombre, Kenneth French, de 32 años, fue asesinado y sus padres resultaron gravemente heridos en el tiroteo.
Sánchez está a la espera de un juicio por cargos de homicidio involuntario y agresión, presentados por la oficina del fiscal general de California después de que un gran jurado del condado de Riverside se negara a acusarlo.
Dos oficiales renunciaron antes de que los paneles decidieran si debían ser despedidos. Uno había disparado un “tiro de advertencia” al suelo después de tener una disputa con un grupo de menores mientras estaba fuera de servicio, en el exterior de su casa, en 2017, según el informe. El otro fue Clifford Proctor, de quien se descubrió que había violado la política de fuerza letal del departamento cuando le disparó fatalmente a Brendon Glenn, de 29 años, un hombre desamparado sin armas, en 2015 en Venice.
Proctor y su compañero intentaban arrestar a Glenn cuando ocurrió el tiroteo. Proctor dijo que vio a Glenn alcanzar la funda de su compañero, pero el video de una cámara de vigilancia cercana no mostró nada por el estilo y el compañero de Proctor afirmó que nunca vio la mano de Glenn moverse hacia su funda. Beck había recomendado que Proctor fuera acusado penalmente en el caso, pero los fiscales se negaron.
Un oficial que fue suspendido por 55 días recibió la sanción después de emborracharse, deambular por barrios marginales en medio de la noche y tener un altercado con un vagabundo antes de dispararle. Moore había recomendado que ese oficial, el detective Michael Johnson, también sea despedido, pero un panel disciplinario decidió lo contrario.
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