Empleados del LAPD demandaron a la ciudad por la obligatoriedad de las vacunas

Un grupo de empleados del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) presentó una demanda federal que desafía la orden de la ciudad para que todos los empleados de Los Ángeles se vacunen contra el COVID-19.

La demanda, presentada el sábado en el Tribunal de Distrito de EE.UU en Los Ángeles, afirma que el mandato viola los derechos constitucionales de los empleados a la privacidad y el debido proceso, y solicita al tribunal que brinde un alivio inmediato y permanente del requisito.

Entre los seis empleados del LAPD querellantes se incluyen personas “que no pudieron hacer valer una exención médica o religiosa” al requisito de la inmunización, así como a otros que “experimentaron y se recuperaron del COVID-19” y tienen anticuerpos naturales para combatir el virus, afirma la denuncia.

La demanda alega que el mandato de la ciudad ignora las protecciones naturales proporcionadas por tales anticuerpos y afirma que los empleados demandantes “pueden realizar sus tareas laborales de manera segura protegiéndose a sí mismos, a sus compañeros de trabajo y a la comunidad a la que sirven a través de intervenciones no farmacéuticas, como exámenes de salud diarios, uso de mascarillas y cuarentena”.

La demanda también afirma que los empleados fueron objeto de acoso y presión indebida para inocularse por parte de los líderes del LAPD, incluido un capitán que aseguró durante una reunión que la ciudad estaba dispuesta a despedir a miles de oficiales si no se vacunaban.

Alega además que los comandantes señalaron a los oficiales no vacunados como “no aptos para el servicio” y les informaron que se les negarían ascensos y asignaciones especiales debido a esa condición.

La capitana Stacy Spell, vocera del LAPD, expresó el domingo que el departamento no podía comentar sobre el litigio pendiente. Por otra parte, no fue posible contactar de inmediato a un abogado de los empleados demandantes a fin de que hiciera comentarios para este artículo.

La demanda refleja una vacilación más amplia entre los empleados del LAPD para vacunarse contra el COVID-19, a pesar de la fuerte evidencia de que las dosis son seguras y efectivas contra casos graves.

Casi la mitad de los más de 12.000 trabajadores del LAPD no se han vacunado, según datos recientes, un porcentaje mayor que entre el público en general. De acuerdo a las autoridades, una parte de ellos tiene anticuerpos naturales por haber contraído el virus anteriormente, aunque los expertos médicos recomiendan la vacunación también para aquellos que han sido infectados.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU, un estudio reciente sugirió que las personas no vacunadas tenían 4.5 veces más probabilidad de infectarse que sus pares inoculados, más de 10 veces mayor posibilidad de hospitalización y 11 veces más probabilidad de muerte.

Entre el 1º de junio y principios de este mes, cerca del 85% de las nuevas infecciones entre los empleados del LAPD se produjeron en personal no vacunado, según datos del departamento.

Diez empleados del LAPD fallecieron de COVID-19, al igual que tres de sus cónyuges. Otros miles resultaron infectados.

Los críticos del LAPD han reprobado al departamento durante meses por no tomarse en serio la amenaza del coronavirus y por no disciplinar adecuadamente a los oficiales que ignoran las órdenes de usar mascarilla en público. Los activistas suelen grabar a los agentes sin cubierta facial y publicar las imágenes en las redes sociales.

El Ayuntamiento, que también critica a los oficiales que rechazan la inoculación y evitan las mascarillas, aprobó una ordenanza el mes pasado para que todos los empleados estén vacunados a principios de octubre, a menos que tengan una razón religiosa o médica específica para no hacerlo.

Se espera que quienes se adhieran a tales exenciones presenten un aviso de ello antes de esta semana.

El LAPD y los funcionarios de personal de la ciudad dirigieron las preguntas a la oficina del alcalde, el viernes pasado, sobre la cantidad de empleados que habían presentado dicha notificación. Un vocero de la alcaldía no respondió a un pedido de comentarios enviado este domingo.

Los académicos jurídicos y el sindicato que representa a los oficiales de policía coinciden en que los municipios tienen el derecho legal de exigir la vacunación a los empleados. Sin embargo, el gremio expresó su preocupación por los mandatos y solicitó alternativas, como pruebas periódicas para los no inoculados.

Los empleados del LAPD que presentaron la querella fueron identificados en la demanda como Jason Burcham, Rodge Cayette, Michelle Lemons, Michael Puno, Susana Reynoso y Ana Fuentes. Según un listado del LAPD, Burcham es detective, Lemons es teniente y Cayette y Puno son oficiales. Reynoso y Fuentes no figuraban y no estuvo claro de inmediato si son empleadas juramentadas o civiles.

Además de la ciudad, la demanda nombra como acusados al alcalde Eric Garcetti, al jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Michel Moore, y al oficial administrativo de la ciudad, Matthew Szabo.

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