Le negaron la muerte asistida y su despedida fue espantosa, ahora su esposa sufre de estrés postraumático
Los Angeles — La muerte de Chris Davis fue una pesadilla que Amanda Villegas, su esposa, revive una y otra vez en su memoria por el dolor que ambos experimentaron al negársele elegir la Ley Opción de Fin de Vida.
Los días finales de Chris, quien tenía cáncer de vejiga, llegaron con tubos que drenaban varios fluidos corporales que sobresalían de su estómago, riñones y pecho.
Chris, de tan solo 29 años, se convirtió en un esqueleto, dijo Amanda. De 130 libas bajó a 80. Tenía agujeros en su cuerpo y mucho dolor.
“Su dolor era tan agonizante que cada que lo movían sentía que desgarraban su cuerpo”, explica Amanda. “Solamente podía tomar líquidos, mismos que se salían de su cuerpo a través de un agujero en el abdomen”, dijo.
Desde la muerte de Chris, en junio de 2019 y seis meses después de su diagnóstico, Amanda sufre de Desorden de Estrés Postraumático (PTSD).
“Antes de dormir recuerdo sus últimos días de sufrimiento. Cuando despierto ocurre lo mismo. Chris era una persona dulce, buena, amable, no merecía morir de esa forma”, dijo Amanda.
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La ley de muerte asistida ofrece a los adultos con enfermedades terminales la opción de recibir asistencia médica para morir y poner fin pacíficamente a su sufrimiento si se vuelve insoportable.
A pesar de que Chris, un ayudante de escuela preescolar y fotógrafo, luchó por su vida, cuando los doctores le dijeron que tenía un par de meses de vida, el joven decidió optar por la muerte asistida para no sufrir, pero esto nunca ocurrió.
En el caso de Chris, los doctores del hospital de Loma Linda, mismo en el que nació, le negaron el derecho diciéndole que esta ley estaba prohibida en California, dijo Amada.
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“Este hospital nos remitió a un hospicio, que nos informó mal al decir erróneamente que era ilegal en California lo que pedíamos, y luego se contradijo al comunicarnos que el único médico que se ofrecería a escribir una receta estaba ubicado en el norte de California”, relató ella.
Los funcionarios del hospicio también dijeron que Chris probablemente necesitaría de dos a seis meses para completar todo el proceso, cuando de hecho un paciente puede completarlo en un mínimo de 15 días.
“Chris no debería haber sufrido de esa manera y nadie más debería sufrirlo”, dijo la viuda que tenía cuatro meses de casada al momento de la muerte de su esposo.
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Si bien la ayuda médica para morir es legal en California, puede ser muy difícil acceder a ella, dicen activistas y funcionarios que apoyan esta práctica.
Más de tres de cada cuatro californianos (76%) apoyan la Ley de opciones para el fin de la vida. Sin embargo, aspectos de la ley destinados a actuar como salvaguardas, en realidad se convierten en obstáculos, lo que hace casi imposible que los californianos moribundos, como Chris, accedan a la ley.
Los médicos, por ley, no están obligados a emitir recetas para ayuda médica para morir. Los hospitales también pueden optar por no participar y prohibir que los doctores afiliados a ellos participen en la ley como médicos tratantes o consultores, por lo que puede ser difícil para los doctores que quieren ayudar a sus pacientes moribundos.
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Con este tipo de casos recurrentes en California, La autora del End of Life Option Act, la senadora Susan Talamantes Eggman y el asambleísta Jim Wood, introducen una enmienda a la ley que busca que este tipo de casos como el de Chris no vuelvan a ocurrir.
El proceso de 13 pasos de la ley impide o evita por completo que cientos de californianos con enfermedades terminales y mentalmente capaces cada año accedan a esta opción para terminar suavemente con su sufrimiento, expuso Talamantes.
Entre esos pasos, existe un período de espera obligatorio de 15 días de la ley para los pacientes calificados con enfermedades terminales entre las dos solicitudes orales de medicamentos para ayudar a morir si el médico determina que no sobrevivirán, pero el papeleo puede tomar meses para ser aceptado.
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Un estudio de Kaiser Permanente Southern California muestra que un tercio de los adultos con enfermedades terminales, que solicitan utilizar la Ley de opción al final de la vida, mueren antes de finalizar el proceso que requiere mucho tiempo y que además incluye un período de espera de 15 días, trámite que a menudo demora semanas o meses en completarse.
Usando esta proporción de un tercio, estimamos que casi 1.000 personas en todo el estado han fallecido antes de obtener una receta (aproximadamente 275 individuos por año) frente a los casi 2.000 que completaron el proceso y recibieron recetas para ayuda médica para morir.
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Desde que la Ley de opción al final de la vida entró en vigor el 9 de junio de 2016, se sabe a partir de los datos recopilados por el Departamento de Salud Pública de California hasta el 31 de diciembre de 2019, que casi 2.000 personas con enfermedades terminales mentalmente capaces con seis meses o menos de vida han recibió una receta para medicamentos de ayuda médica para morir.
Sin embargo, no hay datos de los pacientes elegibles que no han podido acceder a la ley por mentiras o porque se les niega el derecho.
El proceso burocrático de varios pasos para utilizar la ley está obstaculizando o impidiendo directamente que muchas personas con enfermedades terminales la utilicen, dijo la senadora.
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“Sabemos que esta ley está funcionando bien para aquellos que pueden acceder a ella, pero también que muchos californianos con enfermedades terminales elegibles no han podido tener esta opción compasiva de atención al final de la vida”.
La enmienda exigiría, además, que los centros de atención médica que se niegan a permitir que sus médicos la prescriban según la ley, brinden información precisa a los pacientes que soliciten ayuda médica para morir o los deriven, así como que la ley sea permanente eliminando su disposición de caducidad que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
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Además, este proyecto de ley permitiría a una persona calificar para recibir ayuda médica para morir por medio de medicamentos mediante dos solicitudes orales, independientemente del período entre las solicitudes orales, y una solicitud por escrito cuando un médico haya determinado, dentro de un juicio médico razonable, que la persona morirá debido a su enfermedad terminal en 15 días o menos.
Amanda decidió apoyar esta enmienda y ahora cuenta su historia para que otras familias no sufran lo que ella y su marido atravesaron.
“Pude haber demandado al hospital, podría haber obtenido dinero, pero no hubiera sido posible hablar de nuestro caso en público, y prefiero salir a contar lo que nos ocurrió”, dijo Amanda.
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Para la joven viuda, el tema de la muerte asistida no debe ser político ni religioso.
“Debemos de ver a la gente como lo que son; seres humanos. Tenemos que respetar sus derechos”, manifestó Amanda, refiriéndose a todos aquellos que le mintieron y la malinformaron.
“Estamos hablando del sufrimiento que atraviesan las personas terminales y el trauma con el que los familiares tienen que lidiar… tengan compasión por las familias”.
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Ahora, los únicos momentos felices de Amanda son al recordar a Chris, a quien conoció hace 12 años.
“Chris me dejó tomarle fotos en sus últimos días y documentar lo que atravesó. Él quería que yo contara su historia”, dijo entre lágrimas.
La ayuda médica para morir está autorizada en Washington, D.C., y en nueve estados: California, Colorado, Hawái, Maine, Montana (a través de un fallo de la Corte Suprema del estado), Nueva Jersey, Oregón, Vermont y Washington. En conjunto, estas 10 jurisdicciones representan más de una quinta parte de la población del país (22%) y 30% de la población latina.
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