Los legisladores de California votan para extender las protecciones de desalojo por COVID-19 hasta junio

SACRAMENTO — Los californianos que enfrentan dificultades financieras, debido a la pandemia de COVID-19, estarán protegidos de desalojos hasta junio, siempre y cuando paguen parte de su alquiler, debido a un proyecto de ley de emergencia aprobado el jueves por la Legislatura, solo tres días antes de que expirase la moratoria presente.

El gobernador Gavin Newsom ha dicho que firmará el proyecto que brinda protección contra desalojos a los arrendatarios que pagan al menos el 25% de su alquiler hasta junio. También proporciona $2.6 mil millones en fondos federales para subsidios que ayudarán a pagar la mayoría de los arrendamientos vencidos por inquilinos de bajos ingresos desde abril pasado.

“Somos dolorosamente conscientes de la difícil situación que enfrentan las familias de California mientras luchan por pagar el alquiler o las hipotecas, sin que ellos tengan la culpa debido a la pandemia existente”, señaló el presidente provisional del Senado, Toni Atkins (demócrata de San Diego) a sus colegas durante el debate en la Cámara. “Así que hoy ayudamos a los californianos a mantener un techo sobre su cabeza y la cabeza fuera del agua”.

El proyecto de ley extiende las protecciones aprobadas el verano pasado y que vencerían el domingo.

Aunque algunos legisladores habían pedido que estos apoyos se extendieran durante el resto de este año, el proyecto aprobado el jueves fue producto de negociaciones con grupos de interés, y tiene en cuenta las preocupaciones de los arrendadores de que las propiedades puedan entrar en ejecución hipotecaria, si se retiene el alquiler durante tanto tiempo.

La senadora estatal, Anna Caballero (demócrata de Salinas), que había propuesto protecciones más extensas para los inquilinos el año pasado, indicó que apoya el acuerdo que se logró con el gobernador.

“Creo que refleja una amplia gama de intereses y protege a los arrendatarios vulnerables del desalojo, colocando dinero en efectivo en manos de pequeños propietarios familiares que han estado luchando sin sus ingresos por alquiler”, explicó Caballero.

El coronavirus ha matado a más de 38.000 californianos y también ha causado estragos en la economía del estado, ya que las órdenes de quedarse en casa emitidas por los funcionarios de salud en marzo pasado provocaron la pérdida de empleos o ingresos de millones de trabajadores, lo que puso a muchos en riesgo de desalojo.

Alrededor de 90.000 hogares de California están atrasados en su alquiler por un total colectivo de $400 millones, según una estimación de la semana pasada de la Oficina del Analista Legislativo independiente, aunque otras estimaciones han sido mucho más altas.

Según el nuevo proyecto de ley y la medida aprobada el año pasado, los arrendatarios no pueden ser desalojados siempre que paguen el 25% de su alquiler. La medida se presentó como iniciativa de legislación de presupuesto, lo que permitió su aprobación por mayoría de votos. Un proyecto de ley regular, en cambio requiere un voto de dos tercios para entrar en vigor de inmediato.

Según el proyecto de ley, los inquilinos pueden calificar para las protecciones si pagan el 25% de su renta cada mes, o en un pago único antes del 30 de junio y dan fe de que enfrentan dificultades financieras debido a la pandemia.

El alquiler no pagado se convierte en una deuda que los propietarios pueden reclamar a través de los tribunales, pero no se puede utilizar para buscar un desalojo.

Al aprovechar los $2.6 mil millones aprobados por el Congreso durante la administración Trump, la Legislatura está ofreciendo un subsidio de renta que pagará a los propietarios el 80% del monto total del alquiler en mora entre abril de 2020 y marzo de 2021, siempre y cuando los arrendadores acuerden perdonar el 20% restante y no llevar a cabo desalojos.

En los casos en que los propietarios no estén de acuerdo en perdonar la renta impaga, el estado pagaría el 25% del alquiler en mora.

El proyecto de ley fue aprobado por el Senado sin ningún voto de oposición. La Asamblea aprobó la medida con una votación de 71 a 1 y el asambleísta Kevin Kiley (republicano de Rocklin) emitió el único voto en contra. Él indicó que cree que una mejor solución sería reabrir la economía para permitir que la gente regrese a sus actividades laborales, así como solucionar los problemas con el sistema de beneficios de desempleo del estado que han privado a los californianos sin trabajo de ayuda financiera.

“Esta medida es una excusa para descuidar esos sorprendentes problemas”, explicó Kiley a sus colegas. “No voy a permitir esa negligencia votando por ella”.

Pero la asambleísta Janet Nguyen (republicana de Huntington Beach) y otros de sus compañeros de partido votaron a favor del proyecto de ley, indicando que ayudará a los propietarios que poseen solo una o dos unidades, y de cuyos ingresos dependen para llegar a fin de mes.

“Ellos también han sufrido”, señaló. “Llevan un año sin ingresos. También están tratando de poner comida en la mesa para sus familias”.

Brindar ayuda financiera a los dueños de propiedades en alquiler fue una solicitud clave de los grupos de arrendadores.

“Es imperativo llevar dinero a los propietarios”, expresó Debra Carlton, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Apartamentos de California que representa a los propietarios de viviendas en renta. “Muchos no han recibido alquiler en más de un año y algunos arrendadores están al borde de perder sus casas”.

Durante el debate, algunos legisladores contaron historias de personas en riesgo de desalojo.

El asambleísta Mike Gipson (demócrata de Carson) comentó que una residente de su distrito, madre soltera de tres hijos, había estado sin trabajo durante ocho meses y tenía cinco meses de retraso en el pago del alquiler.

“Si no fuera por esta moratoria de desalojo, su familia se vería obligada a vivir en la calle”, señaló Gipson.

Al final, varios legisladores demócratas votaron a favor del proyecto de ley a pesar de que dijeron que no es suficiente para proteger a los inquilinos.

El recientemente electo asambleísta Alex Lee (demócrata de San José) emitió un voto de “sí”, pero señaló que, si los propietarios deciden no aceptar la ayuda, los inquilinos reciben menos asistencia y corren el riesgo de ser desalojados.

“Entiendo que la motivación es incentivar a los propietarios a optar por el fondo de ayuda, pero nos corresponde a nosotros hacer más para proteger a los arrendatarios”, señaló Lee durante el debate.

Algunos defensores de los inquilinos también dijeron que la legislación es inadecuada, lo que deja a muchas personas en riesgo de desalojo y una onerosa deuda de vivienda porque la participación del propietario en la exención del alquiler vencido es voluntaria.

“Es bueno que los pequeños propietarios y los proveedores de domicilios sin fines de lucro reciban ayuda para mantenerse a flote, pero debemos proteger aún más a los arrendatarios con la condonación de la deuda de alquiler, así como de los propietarios corporativos, especuladores y otros que simplemente intentan sacar a los inquilinos”, señaló Lupe Arreola, directora ejecutiva del grupo de defensa Tenants Together.

Este grupo es parte de una coalición de organizaciones de defensa de arrendatarios, misma que señaló que quedaron fuera de las negociaciones con el gobernador.

“Sin la participación significativa de los inquilinos en estas discusiones, continuaremos viendo desalojos pandémicos aprobados por nuestros tribunales, y los abogados de los arrendatarios tendrán que luchar, no solo contra los propietarios, sino también contra el mensaje público profundamente engañoso de que los inquilinos están protegidos”, indicó Stephano Medina, abogado de la Eviction Defense Network.

“Los grupos de inquilinos están frustrados y con razón”, señaló Lee. “No tuvieron la oportunidad de expresar su opinión”.

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