Trabajadores inmigrantes los más devastados ante el coronavirus, todo lo que deben saber - Los Angeles Times
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Trabajadores inmigrantes los más devastados ante el coronavirus, todo lo que deben saber

El veinte por ciento de la población nacida en el extranjero y más de la mitad de la población indocumentada no tienen seguro, y muchos no tendrán garantía de pruebas, tratamientos o vacunas gratuitas o de bajo costo, excepto a través de CHC.
(Marcus Yam / Los Angeles Times)
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La Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) lanza una hoja informativa que proporciona un breve resumen de la situación de los trabajadores inmigrantes en una variedad de áreas problemáticas con la respuesta federal COVID-19.

La organización pide a la comunidad estar atentos a los posibles cambios que haya en curso, y conocer donde se encuentran como inmigrantes en este país durante la pandemia.

La hoja identifica también cuestiones prioritarias para abordar en las negociaciones estatales y federales en curso.

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Acceso a pruebas y tratamiento

Para aquellos que tienen cobertura de seguro de salud bajo un plan basado en el empleo, las pruebas y cualquier vacuna futura estarán cubiertas sin costo alguno para el trabajador. Para las personas sin seguro, las mejores opciones serán los Centros de Salud Comunitarios o Medicaid.

Otros proveedores pueden proporcionar las pruebas de forma gratuita y solicitar el reembolso del Sistema Médico Nacional de Desastres, pero los criterios no están claros y no hay nada que impida a los proveedores facturar a los pacientes.

Lagunas / notas:

Un problema para todos es que no existe protección contra los costos de bolsillo para el tratamiento de COVID-19. Es probable que los costos de hospitalización se extiendan entre $ 10,000 y $ 20,000, y el deducible promedio para un trabajador asegurado con cobertura única es de $ 1,400 prohibitivos.

El veinte por ciento de la población nacida en el extranjero y más de la mitad de la población indocumentada no tienen seguro, y muchos no tendrán garantía de pruebas, tratamientos o vacunas gratuitas o de bajo costo, excepto a través de CHC.

Las disposiciones de Medicaid continúan restringiendo la elegibilidad a los inmigrantes “calificados” y excluyen la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia y los titulares de Estatus de Protección Temporal, otras personas indocumentadas y la mayoría de aquellos que han tenido tarjetas verdes por menos de cinco años.

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Licencia por enfermedad pagada y licencia médica familiar

El paquete federal proporciona hasta 80 horas de licencia por enfermedad remunerada con salario completo por enfermedad COVID-19, cuarentena o mientras busca un diagnóstico médico; hasta 80 horas de baja por enfermedad remunerada a dos tercios del salario para cuidar a otra persona con enfermedad de COVID-19 o en cuarentena; o un total combinado de 12 semanas de licencia por enfermedad remunerada y licencia familiar ampliada a dos tercios del salario para los empleados que deben cuidar a un niño cuya escuela o guardería está cerrada por un motivo relacionado con COVID-19.

Lagunas / notas:

Las disposiciones de licencia pagada no se aplican a las empresas privadas con 500 o más empleados, incluidas muchas tiendas sindicales e industrias con alta densidad de inmigrantes.

El Departamento de Trabajo puede eximir a las empresas con menos de 50 empleados del requisito de licencia por enfermedad remunerada relacionada con el cuidado de un niño cuya escuela o cuidado infantil está cerrado y del requisito de licencia familiar ampliada. Se estima que más de la mitad de los no ciudadanos cuyos ingresos están por debajo del 150% del nivel de pobreza trabajan en pequeñas empresas.

No hay excepciones de inmigrantes explícitas a estas disposiciones, pero solo ayudan a quienes trabajan en la economía formal y en una relación laboral tradicional.

Los sindicatos se están preparando ahora para evitar la reverificación y otras formas de represalia en el punto de recontratación o regreso al trabajo. Alerta al AFL-CIO nacional sobre cualquier caso de represalia relacionado con el estado de inmigración que encuentren tus miembros.

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Seguro de desempleo

El paquete proporciona $ 1 mil millones en subsidios de emergencia a los estados para proporcionar y procesar el seguro de desempleo, y un aumento de $ 600 / semana a los beneficios estatales de UI por hasta cuatro meses. También crea una nueva Asistencia para el desempleo pandémico, que cubre a ciertos trabajadores que no son elegibles para la IU regular (trabajadores a tiempo parcial, aquellos que trabajan por cuenta propia, contratistas independientes, aquellos con un historial laboral reciente limitado y otros) y paga por uno. mitad de los beneficios promedio estatales más $ 600 / semana. Se excluye a las personas que tienen la capacidad de teletrabajar con paga, o que reciben licencia por enfermedad u otros beneficios de licencia paga. El paquete ofrece hasta 39 semanas de beneficios.

Lagunas / notas:

Para ser elegible para UI, las personas deben estar autorizadas para ser consideradas “listas y disponibles para trabajar”. Esto debería cubrir a los titulares de DACA y TPS que todavía están en estado, pero dejarán de lado a la mayoría de la población indocumentada.

Los estados tienen un potencial limitado para experimentar con los programas de UI debido a las restricciones que vienen con los fondos federales para la administración del plan.

Asistencia Nutricional

Todos los requisitos de empleo y capacitación para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria se levantan hasta un mes después de que se levante la declaración de emergencia COVID-19. En los estados que han declarado una emergencia o desastre, el Departamento de Agricultura de los EE. UU. Debe proporcionar asignaciones de emergencia a los hogares de SNAP.

Lagunas / notas:

Se niega la asistencia de SNAP a los inmigrantes “no calificados”, incluidos los titulares de DACA y TPS, otras personas indocumentadas y la mayoría de los que han tenido tarjetas de residencia por menos de cinco años.

La regla de la carga pública no se ha suspendido, por lo que la aceptación de los beneficios de SNAP se trataría como un factor negativo en el ajuste de estado futuro o en las solicitudes de patrocinio familiar para los miembros del hogar.

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Carga pública

En febrero, entró en vigencia una nueva regla punitiva, ampliando en gran medida los criterios bajo los cuales se puede negar la entrada o la permanencia de las personas en función de la premisa de que son o serán dependientes de los beneficios públicos. Esta regla ya ha tenido un efecto escalofriante en las familias inmigrantes que acceden a los servicios y programas necesarios para los que son elegibles. En este momento de elevada necesidad e incertidumbre, es importante que los trabajadores comprendan qué programas se considerarán en una futura determinación de carga pública para ellos y sus familias, y cuáles no.

Factor en carga pública
Asistencia en efectivo (TANF)

Asistencia Nutricional (SNAP)

Subsidios de vivienda

Seguro de enfermedad

NO es un factor en la carga pública
Seguro de desempleo

Prueba COVID

Pagos únicos en efectivo

CHC o atención en la sala de emergencias

TPS y DACA

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Hay más de 1 millón de trabajadores con DACA y TPS que deberían ser elegibles para permisos pagados, UI y cheques de estímulo, pero que no serán elegibles para Medicaid, SNAP u otros beneficios públicos. Los tribunales han dejado de escuchar casos, pero aún están emitiendo decisiones, por lo que los mandatos que bloquean la terminación de estos programas vitales podrían levantarse cualquier día. De hecho, la Corte Suprema ha señalado que probablemente emitirá decisiones en todos los casos pendientes antes de lo habitual, tal vez para fines de abril, en lugar de esperar hasta fines de junio de este año, lo que acelera el cronograma en el que 800,000 trabajadores con certificación DACA (incluyendo más de 25,000 profesionales de la salud) podrían perder su estatus y permisos de trabajo.

Lagunas / notas:

Dado el cierre de las oficinas de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU., ha habido un llamado para extender automáticamente cualquier permiso de trabajo de DACA o TPS que expire en el próximo año. Estas disposiciones se introdujeron en la Cámara, pero no sobrevivieron a las negociaciones del Senado.

Los sindicatos están listos para emitir declaraciones denunciando malas decisiones judiciales y comprometiéndose a seguir apoyando y luchando por todos los trabajadores.

La coalición AFL-CIO y Working Families United circularán materiales de recursos para ayudar a los sindicatos a interpretar las decisiones y apoyar a los trabajadores que se arriesgarán a perder su estatus.

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Emisión de visas y restricciones de viaje

En el contexto del cierre de fronteras y las restricciones de viaje en todo el mundo, casi todo el procesamiento de visas familiares y humanitarias se ha detenido. Sin embargo, USCIS está otorgando visas de trabajo temporales a los migrantes que regresan H-2A y H-2B sobre la base de que son trabajadores esenciales. No se han establecido protocolos mejorados de cobertura de seguridad o salud para proteger a estos trabajadores esenciales, y miles de migrantes en una variedad de ocupaciones y categorías de visa actualmente están atrapados en las comunidades de EE. UU. Sin trabajo, sin cheque de pago y sin capacidad de regresar a casa.

Lagunas / notas:

Los Departamentos de Seguridad Nacional, Trabajo y Estado deben aclarar si la emisión de visas de trabajo temporal continuará en medio de la crisis y qué protocolos se implementarán para proteger a los titulares de visas de trabajo y a quienes trabajan junto a ellos.

Los sindicatos que enfrentan despidos deben revisar las órdenes de trabajo publicadas en seasonaljobs.dol.gov para identificar posibles oportunidades de trabajo en su sector o región.

Dado el cierre de campus y negocios, los trabajadores de estudiantes internacionales corren el riesgo de perder su estatus, y sus sindicatos están presionando por extensiones.

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Aplicación de la ley de inmigración

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha hecho algunos anuncios sugiriendo que suspenderá la actividad normal de cumplimiento, pero las señales han sido mixtas y las redadas tuvieron lugar hasta el 18 de marzo. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza tiene amplios poderes para detener en una emergencia nacional, pero los esfuerzos para se rechazaron fondos seguros para tales fines en el paquete de respuesta federal. El proyecto de ley también evita que los fondos del Departamento de Defensa se desvíen para la construcción del muro fronterizo en la frontera sur. Guatemala ha informado el primer diagnóstico de COVID-19 entre un deportado reciente y está intentando dejar de aceptar vuelos de deportación, pero ha recibido una inmensa presión del gobierno de EE. UU. Para continuar permitiendo las deportaciones. Los primeros casos de COVID-19 también se han confirmado en centros de detención, donde los inmigrantes, incluidos los niños, enfrentan riesgos de salud claros y tienen protecciones inadecuadas.

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Tribunales de inmigración

La Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración ha pospuesto las audiencias iniciales de “calendario maestro” y las audiencias de “méritos” de casos individuales, pero a los solicitantes de asilo en el llamado programa de Protocolos de Protección al Migrante todavía se les pide que se presenten en el puerto de entrada designado en su horario previamente programado fecha, y la gran mayoría de los tribunales de inmigración están abiertos para escuchar casos de detenidos. El número de tribunales que están abiertos cambia continuamente, ya que EOIR cierra los tribunales donde se confirma la presencia de un individuo con COVID-19 y luego los vuelve a abrir, a veces un día después. El sindicato de jueces de inmigración está pidiendo a EOIR y al Departamento de Justicia que cierren las audiencias en los tribunales de inmigración y permitan que las audiencias de fianzas y los procedimientos prioritarios se lleven a cabo de forma remota. EOIR ha dado instrucciones a los jueces para priorizar, agilizar y cerrar casos de niños no acompañados en 60 días. Además, el DOJ ha propuesto una reglamentación que aumenta drásticamente las tarifas de presentación para apelar las decisiones de la corte de inmigración o la presentación para reabrir decisiones.

“En conjunto, estas acciones de la agencia y las brechas en la cobertura de respuesta dejan atrás a millones de familias trabajadoras y crean riesgos inaceptables en todas nuestras comunidades e industrias”, sostiene AFL-CIO

De acuerdo a la federación, se necesitan las siguientes medidas para proteger a todos los vulnerables, mimas en las que estarán trabando durante el curso de la pandemia.

*Todos los trabajadores, independientemente de su estado, deben tener protecciones adecuadas en el lugar de trabajo y acceso a las pruebas, el tratamiento y las vacunas necesarias.

*Todos los contribuyentes deben ser elegibles para beneficios, incluidos pagos en efectivo, seguro de desempleo y asistencia nutricional, entre otros.

*Todas las prácticas y políticas que elevan el riesgo deben suspenderse, incluida la regla de carga pública, los procedimientos judiciales de inmigración en persona y la aplicación, detención y deportación de inmigración.

*Los trabajadores esenciales con DACA y TPS deben tener sus permisos de trabajo extendidos automáticamente durante esta crisis.

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