Líderes de una iglesia de El Centro, California, son acusados de traficar con mano de obra de desamparados

IMPERIAL COUNTY —  Desde San Diego hasta Texas, las personas sin hogar eran engatusadas y subidas en camionetas con promesas de recibir comida y refugio.

En cambio, los fiscales alegan que los necesitados fueron forzados a mendigar hasta nueve horas al día, encerrados en casas en contra de su voluntad y mantenidos cautivos por los líderes de los Ministerios del Valle Imperial.

Una docena de líderes de la iglesia con sede en El Centro fueron arrestados el martes por la mañana bajo cargos de conspiración, trabajo forzado, servidumbre y fraude de beneficios.

El ex pastor de la iglesia, Víctor González, y otros cuatro fueron arrestados en Brownsville, Texas, mientras que seis líderes fueron arrestados en El Centro y uno en San Diego.

La denuncia presentada en una acusación de 29 páginas, describe lo que el fiscal federal Robert Brewer llamó “un terrible abuso de poder por parte de los funcionarios de la iglesia”.

Un hombre que contestó el martes por la tarde en la sede de la iglesia en El Centro dijo que la organización no tenía comentarios.

El ministerio fue fundado en la década de 1970, pero no abrió sus puertas en El Centro hasta 1992. Se anunció a la comunidad como “misioneros de los drogadictos” y ofreció “hogares gratuitos para hombres y mujeres con problemas relacionados con las drogas”, según la acusación.

Sin embargo, la iglesia no está registrada como una organización sin fines de lucro ni tiene licencia como centro de rehabilitación, dicen los investigadores.

Tiene cerca de 30 iglesias afiliadas en todo el país, desde Los Ángeles, San José y Las Vegas hasta Cincinnati, Oklahoma City y Charlotte.

La investigación del FBI se enfocó en la permanencia de González como pastor, comenzando en 2013, y en cinco casas grupales ubicadas en El Centro, Calexico y Chula Vista.

La población sin hogar de San Diego estaba particularmente en las condiciones necesarias para ser reclutada, y los miembros de la iglesia incluso se acercaban a personas que buscaban servicios en las Aldeas del Padre Joe, dijo en una conferencia de prensa celebrada en la ciudad de Imperial el fiscal auxiliar Chris Tenorio, quien dirige la acusación.

Una vez en la camioneta, algunos se sorprendieron al ser conducidos hasta El Centro.

“Nos encontramos con personas que fueron explotadas simplemente porque no tenían suerte o porque no tenían hogar y necesitaban un lugar para dormir y comer”, dijo Tenorio.

Y aunque el ministerio se centra en la rehabilitación de drogas, muchas de las víctimas ni siquiera eran adictas, dijeron los fiscales.

Una vez que fueron conducidos a un hogar grupal, se les informó de las reglas, que incluían no tener contacto con los miembros de la familia durante los primeros 30 días y no discutir “cosas del mundo”. También tuvieron que firmar un acuerdo para que todos sus efectos personales -incluida su identificación- fueran confiscados.

Muchos entendieron pronto lo que realmente se esperaba de ellos.

En lugar de tomar el 40 por ciento de los beneficios de bienestar del gobierno según lo acordado, los líderes de la iglesia se los robaron todos, dijeron las autoridades.

Según la acusación, las víctimas eran mantenidas bajo estricta supervisión, y los miembros de la iglesia las encerraban en sus casas grupales con cerrojos en las puertas y, en algunos casos, con ventanas cerradas con clavos.

Una niña de 17 años en una casa de acogida para mujeres en El Centro escapó rompiendo una ventana y corriendo a la casa de un vecino, dijeron las autoridades. Fue tratada en un hospital cercano por las heridas sufridas en la fuga.

El tiempo fuera de los hogares grupales era utilizado en mendigar, dice la acusación. Las víctimas fueron forzadas a repartir panfletos religiosos y dulces en El Centro y otras ciudades mientras pedían donaciones para financiar el trabajo que estaban haciendo los Ministerios del Valle Imperial. Trabajarían hasta 60 horas a la semana, y todas las ganancias eran entregadas a la iglesia, dijeron las autoridades.

“Se les exigía que obtuvieran una cierta cantidad para poder almorzar”, dijo Tenorio. “Tenían que cumplir con las cuotas diarias y semanales”.

En al menos un caso, un líder de la casa le dijo a una víctima que un cepillo de dientes era algo que había que ganar, según la acusación. La comida fue retenida como castigo, dijeron las autoridades.

Los líderes de la iglesia recurrieron a la coerción psicológica para evitar que la gente se fuera, incluyendo amenazas de que se llevarían a sus hijos, que sus seres queridos los habían rechazado y que “sólo Dios” los amaba, según la acusación.

Una mujer con diabetes pudo escapar después de que los líderes de la iglesia supuestamente le negaran medicamentos, suministros médicos y alimentos.

La policía de El Centro se ha encontrado con algunas presuntas víctimas a lo largo de los años, y los fiscales de los condados también han investigado algunas violaciones del Código penal.

Pero fue la desgarradora huida de la adolescente por la ventana lo que hizo que la policía mirara más de cerca a los Ministerios del Valle Imperial.

La acusación se basa en 31 víctimas identificadas, y las autoridades han hablado con muchas más, dijo Tenorio.

En mayo de 2018, el FBI emitió órdenes de allanamiento en la sede de El Centro y en las casas de la iglesia, lo que constituyó la columna vertebral de la investigación.

En ese momento, González dijo a la estación de noticias KYMA de la región que la investigación surgió de una madre que afirmaba que su hija había sido retenida en contra de su voluntad y que le habían lavado el cerebro.

“Esta señora no estaba contenta porque su hija estaba en el hogar de mujeres”, dijo González a la estación. “Tratamos de apoyarla todo lo que pudimos. Intentamos ayudarla hasta a traer a su hijo, y la madre siempre estaba en negación. Terminó yéndose y cuando llegó a casa empezaron a aparecer todas esas acusaciones”.

El martes, José “Chito” Moráles, acusado de ser consejero en el Rancho de Hombres en El Centro en 2018, fue arrestado en San Diego y procesado en la corte federal allí. El resto de los acusados, incluyendo a José Gaytán y Sonia Murillo, quienes están inculpados de ser directores de casa en Chula Vista, se espera que sean acusados muy pronto.

Algunos de los afiliados de la iglesia han comenzado a separarse de la organización, dijo Tenorio. El actual pastor de Ministerios del Valle Imperial no ha sido acusado.

Brewer, fiscal de Estados Unidos, y Scott Brunner, el nuevo agente especial a cargo del FBI en San Diego, dijeron que el caso estaba lleno de detalles relacionados con la trata laboral: aislamiento del mundo exterior, coerción psicológica, amenazas y la retención de documentos de identificación.

“La curación de las víctimas comienza hoy”, dijo Brunner sobre los arrestos. Defensores de víctimas han sido desplegados de varias agencias para ayudar a apoyar a los afectados en el caso.

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