La nueva ola de menores centroamericanos activará redadas en EE.UU.

LOS ÁNGELES — Al tiempo que preparan un albergue con 800 camas que se abriría en junio en Homestead, Florida para menores no acompañados, se anuncia que se implementará una serie de redadas en los próximos dos meses, según documentos internos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Las medidas coinciden con el incremento de niños centroamericanos que están llegando solos a la frontera a través del estado de Texas. En el 2014 se registró una cifra récord de 68,541 menores, pero con la ola actual hace presagiar que se supere los 75,000 en el presente año fiscal.

“Este país está actuando con una doble moral. Los niños lo que necesitan es un refugio, al igual que la gente que llega del Medio Oriente”, reaccionó Leoncio Velásquez, presidente de Hondureños Unidos de Los Ángeles (Hula), al conocer el anuncio de las redadas. “Tenemos que levantar la voz”.

A fin de disuadir la ola migratoria, en enero pasado, se realizaron operativos en Georgia, Texas y Carolina del Norte, deteniendo a 121 personas, se trataban de madres y niños centroamericanos. De acuerdo a documentos que tuvo a la mano la agencia Reuters, es lo mismo que se está planificando para mayo y junio.

Estas acciones son parte de la política que el gobierno estadounidense está implementando en la región. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto militarizó la frontera sur, mientras los gobiernos centroamericanos han estado desarrollando una campaña que criminaliza la migración.

Salvador Sanabria, director de la organización El Rescate, señala que los 700 millones de dólares otorgados por Estados Unidos para el Plan Alianza para la Prosperidad no va a detener el desplazamiento, porque cree que el modelo estructural le beneficia a la clase política.

“La migración es el negocio de intereses poderosos y de la clase política corrupta, genera miles de millones de dólares para servicios y consumo; por esa razón, afirman que no hay fondos suficientes para revertir la migración forzada”, valoró el activista salvadoreño.

El flujo migratorio masivo se derivó del auge de las extorsiones y crímenes vinculados a las pandillas. En Honduras, dos años después, señalan expertos que se mantienen los operativos de choque para recuperar territorios y la política de prevención sigue ausente.

“Solo se tiene un impacto mediático, nos mantenemos en la política de mano dura, no hay una estrategia para rescatar a los jóvenes”, indicó a HOY Arabeska Sánchez, licenciada en Derecho y asesora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Moisés Gómez, coordinador del Equipo Multidisciplinario del Tema Migrante de la Universidad Centroamericana (UCA), plantea que en El Salvador “la situación sigue bastante similar al 2014”, asegurando que “los procesos sociales son lentos, por eso la migración continúa”.

En los primeros cuatro meses del año fiscal 2016, que va desde octubre pasado a enero del presente año, se reportó el ingreso de 20,455 menores no acompañados; es decir la mitad de los 39,970 que ingresaron en todo el año fiscal 2015.

El desplazamiento está conectado a la alza en la violencia. El año pasado se agravaron los homicidios en El Salvador, es decir que ocurrieron 104 homicidios por cada 100,000 habitantes. En Honduras, nación que ocupó el primer lugar en el 2014, la tasa de homicidios fue de 90 por cada 100,000.

A juicio de Teresa Borden, vocera del Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen) en L.A., la nueva ola migratoria obligará a los familiares a buscar otras opciones de representación legal. “En este momento no estamos aceptando más casos. No podemos defenderlos, hemos llegado al tope”.

Al observar las condiciones actuales solo se puede comparar con la ola migratoria de los ’80, cuando países como Guatemala, El Salvador y Nicaragua vivían conflictos civiles. En esa época, Estados Unidos patrocinó las guerras apoyando con miles de millones de dólares en armas.

A criterio de Elizabeth Kennedy, investigadora de la Universidad Estatal de California en San Diego, este problema se puede abordar con una “acción de clase”, es decir una demanda hecha por un representante a nombre de grupos de personas en situaciones similares.

“Hay muchos que son refugiados, perseguidos por el crimen organizado y el Estado no puede protegerles”, señaló la experta en migración forzada. “Los Estados Unidos es un país que vela por la justicia, pero no es justicia que un niño de 9 años se represente solo en una Corte de Migración”.

La investigadora plantea que el escenario actual obliga a todos los sectores a trabajar en conjunto, tal como ocurrió con la aprobación del programa Ajuste Nicaragüense y Ley de Alivio Centroamericano (Nacara), como resultado de marchas y movilizaciones en diferentes partes de la Unión Americana.

Al promulgarse la ley, en 1997, se beneficiaron más de 100,000 nicaragüenses y más de 300,000 salvadoreños y guatemaltecos, también obtuvieron permiso de trabajo alrededor de 5,000 cubanos.

“La situación en la región centroamericana ha empeorado, la violencia y la impunidad sigue”, subrayó Kennedy, por lo que considera urgente que se logre un alivio migratorio. “Es necesario proteger a los menores, estamos en una crisis humanitaria”.