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No a la muerte asistida, grupo busca revocar la ley

Los opositores de la controversial ley del “Acta de Opción al Final de la Vida”, empezaron esta semana una batalla campal para revocarla.

La medida recientemente aprobada, legaliza la muerte asistida a través de una pastilla recetada por un médico. El paciente debe autodministrarse el medicamento luego de confirmar padecer una enfermedad terminal.

No obstante, las organizaciones y grupos en contra de la legislación recibieron este lunes un permiso para empezar a colectar firmar para calificar un referendo que revoque la ley.

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Stephanie Packer, una activista que escribió una carta dirigida a la Procuraduría General del estado mostrándose a favor del referendo, indicó que como esposa, madre y paciente que sufre esclerodermia, una enfermedad mortal, es comprensible para muchos ver el suicidio como opción.

Sin embargo, declaró en su carta que el suicidio como tratamiento es “un error para nuestra respuesta colectiva a la depresión y el dolor emocional que sigue un diagnóstico terminal”.

La opositora aseveró que toda aquella persona que enfrenta sus últimos días más difíciles debe ser tratada con compasión, comprensión y apoyo.

“Nuestra respuesta médica no debe animarlos a poner fin a sus vidas antes de tiempo”, sostuvo Packer.

Un hecho es que las opiniones sobre la muerte asistida están muy divididas, dijo David Casillas, otro activista en contra de la ley.

“Pero entre toda esta división, no podemos dejar pasar por alto la palabra de Dios, pues la muerte llega sin que nosotros la apresuremos”, dijo el feligrés de Our Lady of Talpa Church, en el este de Los Ángeles.

Para enfatizar su punto, Casillas reveló que el 45% de la población estadounidense ha señalando que el acto es moralmente aceptable mientras el 49% sostiene que es erróneo, según una encuesta de Gallup del 2013.

Para aprobarse el referendo, los activistas tienen hasta el 4 de enero para recolectar un total de 365 mil firmas de votantes registrados para calificar la medida en la boleta electoral de noviembre 2016.

El proyecto de ley, firmado por el gobernador Jerry Brown el 5 de octubre, requiere que el paciente obtenga la confirmación de dos médicos que indiquen que tiene menos de seis meses de vida, así como la capacidad mental para tomar la decisión médica por su cuenta.

La propuesta protege a los médicos de ser procesados penalmente por proporcionar el alivio; además, la participación de los doctores es voluntaria, mientras que convierte en delito todas las peticiones forzadas.

En su declaración, Brown escribió: “No sé lo que yo haría si me estuviera muriendo de dolor prolongado e insoportable. Estoy seguro, sin embargo, que sería un consuelo poder considerar las opciones otorgadas por este proyecto de ley”.

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