El cierre de la frontera se resquebraja para Biden ante la presión legal, los activistas y el alivio de la pandemia

Asylum seekers stand among others in Reynosa, Mexico.

Incluso mientras los funcionarios de la administración Biden califican el Título 42 como una “fuente de dolor”, defienden la política de pandemia de la era Trump.

May. 19, 2021 7:23 AM PT

Cuando María se bajó del autobús, a fines de marzo, con su hija de tres años en brazos, su corazón le dio un vuelco: los hombres que esperaban vestían uniformes mexicanos. Los funcionarios estadounidenses habían enviado a la madre hondureña a Tijuana.

Días antes, María había cruzado la frontera sur de Estados Unidos a unas 1.500 millas de distancia de allí, cerca de Hidalgo, Texas, para buscar a la Patrulla Fronteriza y pedir asilo. Los agentes le dijeron que la enviarían a otro estado para hacer su reclamo, relató ella a Los Angeles Times.

En lugar de eso, la subieron a un avión a California y la expulsaron a ella y a su hija a México bajo una política pandémica de la era Trump conocida como Título 42. El presidente Biden decidió continuar con esa política, que cierra indefinidamente las fronteras estadounidenses a los viajes “no esenciales”.

“Solo me dijeron que me iría a otro estado, donde iba a solicitar asilo, y no más que eso”, recordó María. Desde un refugio en Tijuana, la mujer pidió que solo se usara su primer nombre. “Es traumático que nos hagan esto”.

Biden criticó las políticas de inmigración “crueles” de su predecesor y prometió revertirlas; sin embargo, en medio de un fuerte aumento en la migración a la frontera sur en sus primeros meses -que superó todos los récords- su administración mantuvo en vigor el Título 42, una de las políticas fronterizas más restrictivas jamás implementadas.

Desde que Biden asumió el cargo, en enero, los funcionarios fronterizos de EE.UU llevaron a cabo aproximadamente 350.000 expulsiones, incluidas casi 50.000 familias, según un análisis de The Times de los últimos datos del gobierno. Muchos, como María, fueron sacados de Estados Unidos a través de vuelos unilaterales a cientos de millas de donde cruzaron la frontera, enviados en la oscuridad con poca advertencia a algunas de las ciudades más peligrosas del norte de México.

Ahora, después de meses de presión por parte de los defensores y una demanda presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles que impugna el uso del Título 42 contra las familias, así como una pandemia que se está calmando y los indicios de una nivelación en los cruces fronterizos, los funcionarios de Biden han acordado discretamente cambios estrechos pero sustanciales, entre ellos, el fin de los vuelos unilaterales de expulsión y la remoción de migrantes a altas horas de la noche, algo que exacerba su vulnerabilidad.

Los funcionarios de Biden emitieron una nueva guía para detener los vuelos desde el Valle del Río Grande, en Texas, que transfieren y expulsan a migrantes a México desde El Paso y San Ysidro, California, y para que los agentes cumplan con los acuerdos binacionales existentes sobre dónde y cuándo pueden ocurrir los traslados fronterizos, señaló Lee Gelernt, de la ACLU. Por lo general, los acuerdos dictan que los traspasos se efectúen directamente entre contrapartes estadounidenses y mexicanas, durante las horas del día y en los puertos de entrada designados.

Además, la administración acordó permitir que varios cientos de migrantes vulnerables ingresen a Estados Unidos por día bajo libertad condicional humanitaria que han sido identificados por la ACLU, defensores y un consorcio de organizaciones no gubernamentales. Desde marzo, solo bajo el proceso de la ACLU, se permitió la entrada a unos 2.000 familiares, comentó Gelernt a The Times.

Men, women and children walk on a street in Reynoso, Mexico.

Durante meses, la ACLU pospuso efectivamente su demanda contra el Título 42 mientras negocia con los funcionarios de Biden sobre los planes para, finalmente, dar por terminada la política; el jueves acordaron otra breve prórroga. Sin embargo, aunque la administración Biden anunció a principios de febrero que ya no expulsaría a menores no acompañados y revisaría el Título 42, los funcionarios se negaron a dar un cronograma o métricas sobre cuándo se levantará la política, indicó Gelernt, quien demandó a la administración Trump al respecto.

“Decidimos que es necesario salvar vidas mientras negociamos, incluso si potencialmente le da al gobierno algo de cobertura para mantener el Título 42”, declaró Gelernt a The Times. “El litigio nunca es una apuesta segura y el gobierno podría revocar las concesiones que ha hecho”.

Ni el abogado principal del Departamento de Justicia en la demanda del Título 42 ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) efectuaron comentarios. Pero pública y privadamente, los funcionarios de Biden reconocen que su posición es insostenible. “El uso del Título 42 no es una fuente de placer, sino francamente, de dolor”, señaló recientemente el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, en UCLA. “No hay intención de usar la autoridad del Título 42 de los CDC un día más de lo que exige este imperativo de salud pública”.

Aún así, los funcionarios de Biden se resistieron a prohibir las expulsiones en los lugares más peligrosos de la frontera, como Tamaulipas, frente al Valle del Río Grande de Texas, también uno de los sectores con más cruces. Y aunque los altos funcionarios acordaron poner fin a los vuelos unilaterales, no hay acuerdo para detener los traslados en autobús, algo que también corre el riesgo de propagar el COVID-19 en EE.UU y México y sigue poniendo en peligro a los peticionarios de asilo.

People rest in a central plaza in Reynoso, Mexico.

Las personas “pueden ser transportadas por vía aérea o terrestre a otros sectores a lo largo de la frontera suroeste”, remarcó el portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza, Justin Long, a The Times en un comunicado, una decisión que se tomó en función de la capacidad de cada zona, “no por influencias externas”.

Desde marzo, ha habido al menos 117 vuelos de expulsión desde Brownsville, Texas, y Yuma, Arizona, a El Paso y San Diego, con miles de familias peticionarias, señaló Tom Cartwright, de Witness at the Border, que monitorea los vuelos. Más de 350 migrantes al día son trasladados en autobús y expulsados solo en el tramo de Texas frente a Tamaulipas, agregó, pero los traslados en autobús son “prácticamente imposibles” de rastrear.

Los funcionarios de Biden reconocen que parte de su cálculo para acceder a cambios estrechos, mientras mantienen la política más amplia del Título 42 en vigor, no es solo tratar de conservar bajos los números en la frontera ahora, sino también ganar tiempo que permita encontrar una alternativa para cuando la orden de salud pública se levante, ya sea por elección o por la fuerza.

La administración intenta persuadir a México para que acepte más adultos solteros y familias expulsadas, pero sus contrapartes alegan la capacidad limitada debido a una nueva ley mexicana que prohíbe la detención de niños migrantes. También enfrentan una demanda separada en Texas -de un grupo fundado por el asesor de Trump, Stephen Miller- que argumenta que están violando la política al no expulsar a todos.

Mientras tanto, Estados Unidos se encuentra reiniciando cada vez más actividades. “Se está volviendo cada vez más difícil para ellos justificar mantener el Título 42, a la luz de la apertura de todo el país y la tasa de vacunación de personas”, consideró Gelernt.

Varios jueces federales han determinado que la política del Título 42 probablemente sea ilegal. Sin embargo, tanto los funcionarios de Biden como los críticos de ésta son muy conscientes del clima político y de la actual inclinación conservadora de la Corte Suprema, según Sue Kenney-Pfalzer, directora de la Red de Fronteras y Asilo en HIAS, una organización sin fines de lucro para refugiados.

Cuando se levante el Título 42, “Habrá mucha gente que querrá cruzar”, agregó. “Le temen también a la ‘mala publicidad’ de los republicanos, que dirán ‘Biden abrió la frontera’”.

El senador Josh Hawley (republicano de Missouri) presionó a Mayorkas para que pusiera un alto en los vuelos unilaterales durante el testimonio del jueves pasado en el Capitolio, sugiriendo que fue “debido a la presión de grupos de izquierda”, refiriéndose a la ACLU.

“Tomamos nuestras decisiones según las consideremos más efectivas para promover nuestra misión, y no debido a la presión de grupos externos”, enfatizó Mayorkas.

Mientras tanto, los defensores que pidieron a la administración Biden que ponga fin al Título 42 también están trabajando con los funcionarios para identificar y procesar a los migrantes vulnerables que han sido sometidos a él, lo que podría prolongar la política.

Según Raymundo Tamayo, director en México del Comité Internacional de Rescate, una de las principales organizaciones responsables de la iniciativa, se informó a la administración que el trabajo tendrá un “límite de tiempo” -tres meses- y no será un “mecanismo alternativo” que les permita mantener el Título 42 en vigor.

Las negociaciones a puerta cerrada y la reticencia de los funcionarios de Biden a ser vistos como conciliadores, por ejemplo, al detener los vuelos unilaterales, está agregando confusión a miles de personas en el limbo en la frontera, señaló Margaret Cargioli, abogada gerente del Immigrant Defenders Law Center. “No ha habido un anuncio de ningún cambio de política”, expresó. “¿Eso significa que los vuelos no se reanudarán?”.

En cuanto a María, permanece escondida junto con su hija en Tijuana, y no por primera vez. En 2019, funcionarios estadounidenses las enviaron desde Texas a California y las obligaron a ingresar a Tijuana en el marco de la política de Trump “Permanecer en México”. Allí se perdieron una audiencia judicial porque fueron secuestradas; el hecho está respaldado por documentos legales obtenidos por The Times.

Después de ser enviadas de Texas a Tijuana por segunda vez, en marzo, en el marco del Título 42, Robyn Barnard, abogada de Human Rights First, solicitó que Aduanas y Protección Fronteriza les otorgue libertad condicional humanitaria para pedir asilo en Estados Unidos.

La agencia federal sigue sin responder.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.